La Cancillería colombiana expresó su preocupación tras el arrebato de nacionalidad a 222 excarcelados políticos y 94 ciudadanos nicaragüenses, entre activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y escritores.
Colombia considera un paso importante para el diálogo nacional, la decisión del pasado 9 de febrero de excarcelar a 222 ciudadanos y trasladarlos a los Estados Unidos gracias a la facilitación del gobierno estadounidense.
“Pero lamenta la iniciativa gubernamental de promover en la Asamblea Nacional la reforma de los artículos de la Constitución Política que regulan las condiciones de adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad, como resultado de la cual se retiró la nacionalidad nicaragüense a los 222 ciudadanos excarcelados”, señala Colombia.
La cancillería colombiana expresó su preocupación por la decisión de la dictadura de retirar también la nacionalidad nicaragüense a otros 94 ciudadanos, anunciada por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Managua el 16 de febrero de 2023, al servicio de la dictadura.
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“Estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte”, señaló.
El 15 de febrero, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, arrebató la nacionalidad a 94 nicaragüenses, incluyendo periodistas como el director de Café con Voz, Luis Galeano y religiosos como el obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, así como activistas y defensores de derechos humanos, a quienes tachó de “traidores de la patria”, según difundieron los medios de comunicación propiedad de la familia dictatorial.
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Una declaración firmada por Ernesto Rodríguez Mejía, Magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, al servicio de la dictadura, señaló que los 94 declarados como traidores de la patria “continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense”.
Entre la lista de despatriados se encuentran el obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, el padre Edwin Román, el sacerdote Harving Padilla; la socióloga Elvira Cuadra, Haydeé Castillo; así como los defensores de derechos Humanos Pablo Cuevas y Vilma Núñez.
El servidor de la dictadura hizo referencia a la Ley 1145, “Ley que regula la pérdida de la nacionalidad”, que fue publicada en La Gaceta, Diario oficial, el pasado 10 de febrero, pese a que la reforma constitucional aun no está vigente.