El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), publicó este martes un informe sobre la situación de Nicaragua, asegurando que el país centroamericano se enfrenta a una severa destrucción de su tejido social, promovido por la dictadura sandinista.
CALIDH señala que la desarticulación consumada del estado social de derecho que proclama la constitución del país, ha provocado un retroceso dramático del goce de derechos tan básicos de las y los nicaragüenses como la libertad de expresión.
“No tenemos certeza de cuánto daño provocará en las futuras generaciones el actual retroceso de derechos en un país con un inmenso legado de violencia que todavía no tramita desde el inicio de su pasado reciente”, señaló .
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CALIDH destacó que el año 2022, ha quedado registrado como uno de los más difíciles desde 2018, año en que empezó la crisis social y política que vive Nicaragua.
“2022 fue el año en el que más se aceleró la restricción de los derechos humanos. En el caso de muchos derechos el escenario no es de restricción, sino de supresión total entre ellos la libertad de asociación y religiosa”, señaló.
En 2021, las y los nicaragüenses y el resto de la región —que atraviesa tiempos convulsos con prevalencia de autoritarismos— asistieron al empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y este año, 2023, podría ser peor, advierte la organización.
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“La des democratización que atraviesa Nicaragua, no sólo afecta en términos contextuales a la población dentro y fuera del territorio, sino que ha profundizado las crisis estructurales e históricas que sufren muchos grupos en situación de vulnerabilidad. La concentración absoluta de atribuciones y funciones en el Poder Ejecutivo, ha tornado al Estado en un aparato de instituciones completamente abocado en las tareas de sostener el patrón de censura y castigo contra las voces y grupos opositores y disidentes y, en general, el control desmedido de la población civil”, detalla.
Erosión de autonomía en el Caribe
Por otro lado, CALIDH expone el histórico atropello por el gobierno nacional del Pacífico de los derechos autonómicos y las particularidades étnicas, culturales y jurídicas de las comunidades y pueblos indígenas y afros del Caribe se ha arreciado con irrupciones violentas, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y asesinatos por parte de invasores.
“La erosión absoluta del régimen autonómico y de la autonomía municipal, así como la inacción y la complicidad, según la información que hemos recibido, de la policía y el ejército para evitar estas violaciones de derechos agrava aún más la situación de los comunitarios, que quedan a merced de la violencia y de un Estado históricamente ausente”, señala.