Por Luis Galeano
MIAMI-DADE. Este 16 de junio de 2020, la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade aprobó la resolución del Comisionado Esteban «Steve» Bovo, instando a la Administración del presidente Donald Trump y al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael R. Pompeo, a designar el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como organización terrorista extranjera de acuerdo con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
“Durante las manifestaciones de George Floyd en el centro de Miami, hubo manifestantes que agitaban banderas del FSLN mientras marchaban cerca de Freedom Tower”.
“Para muchos en nuestra comunidad, la bandera del FSLN representa el dolor y el sufrimiento que los nicaragüenses han sufrido y continúan enfrentando bajo el régimen sandinista. Durante décadas, el despótico régimen sandinista se ha involucrado en el terror y aún no se ha hecho responsable”.
FSLN como organización terrorista
“En apoyo del pueblo de Nicaragua y nuestros residentes nicaragüenses estadounidenses, agradezco a mis colegas por aprobar mi resolución instando a la Administración Trump a designar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como una organización terrorista. El condado de Miami-Dade apoya la libertad que busca la gente de Nicaragua”, dijo el comisionado Bovo.
A raíz de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, desde el 18 de abril del 2018, Estados Unidos ha emprendido una serie de medidas para presionar al gobierno de Daniel Ortega a que deponga la violencia, restablezca la democracia y reanude las negociaciones con diferentes actores políticos, dejando claro que esto se logrará a través de elecciones libres y justas que reflejen la voluntad del pueblo de Nicaragua y el pleno respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Sanciones contra Familia Dictatorial
Estados Unidos ha emprendido sanciones contra Rosario Murillo y a sus hijos Laureno por lavado de dinero y también a Rafael Ortega y empresas vinculadas a la familia presidencial como Inversiones Zanzibar, Servicio De Protección y Vigilancia y DNP, algunas de estas señaladas “para generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial para el régimen orteguista a los mercados”.
Las sanciones han alcanzado a funcionarios de la Policía, de salud, así como a la Policía orteguista, a la que se ha señalado de ser el brazo represor de la familia al poder desde que iniciaron las protestas contra el Gobierno.
Desde abril de 2018, la dictadura Ortega-Murillo ha asesinado al menos a 328 personas, herido a más de 2,500 nicaragüenses, torturado y encarcelado a miles y obligado al exilio a más de 100,000 nicaragüenses.
Crímenes de lesa humanidad
Uno de sus crímenes más escandalosos y cruel fue la incineración a una familia del barrio Carlos Marx de Managua, el 16 de junio de 2018, cuando paramilitares y policías al servicio de la dictadura incendiaron la vivienda donde habitaban seis personas, incluyendo una niña y un niño.
El crimen, que consta en las investigaciones de organizaciones de derechos humanos, fue calificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un delito de lesa humanidad.
El FSLN fue expulsado del consejo de la Internacional Socialista en enero del 2019, a raíz de la denuncia de la mayoría de partidos de izquierda que consideraron que la masacre perpetrada desde abril de 2018 por esta organización eran meritorias para ser expulsados de la mayor organización de partidos internacionales.
