Diversas organizaciones y activistas de derechos humanos cuestionaron las declaraciones del presidente costarricense, Rodrigo Chaves, por asegurar este miércoles que tomarían medidas para evitar la llegada de personas que, según él, ingresan como “refugiados políticos” cuando en realidad son “refugiados económicos”, es decir extranjeros que ingresan al país en busca de oportunidades laborales.
Aunque el mandatario no explicó los mecanismos que utilizarían para esta medida, de concretarse los expertos indican que “sería un golpe”, en específico para los nicaragüenses que huyen de la crisis sociopolítica y que representan casi el 90 % de las solicitudes de refugio en dicha nación.
Ana Quiros, miembro de la opositora Unidad Azul y Blanco (Unab) dijo a la Voz de América que si se llegara a dar esta acción “sería una desgracia total y absoluta» para los migrantes y representaría «un riesgo de muerte o pérdida de libertad a quienes buscan este país para protegerse de la represión talibánica del régimen de Daniel Ortega”.
Quiros, quien tenía nacionalidad nicaragüense pero que se le canceló en 2018 tras ser expulsada del país, según dijo, por oponerse al mandatario Daniel Ortega, permanece en Costa Rica de donde es nativa. Ella considera que en el país donde reside actualmente “hay institucionalidad” por lo que espera que el presidente Chaves “valore con seriedad sus palabras a la luz de la legislación y a la normativa costarricense”.
El presidente Chaves anunció que la medida se estaría tomando próximamente, pero primero se le comunicará a la Organización de Naciones Unidas (ONU) mediante una carta que entregará el canciller Arnoldo André.
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“Ya llegó un momento en que la responsabilidad compartida de la comunidad internacional nos ha recaído de manera desproporcional a nosotros como sociedad, y la comunidad internacional no está colaborando con los recursos que necesita este país”, dijo Chaves el miércoles.
Al respecto, Ana Quiros dijo que desde el año 2018 como opositores se pusieron a disposición de las autoridades costarricenses para acompañarlos “en gestiones ante la comunidad internacional para que apoyen y acompañen a las autoridades costarricenses”.
“Nuevamente reiteramos nuestra voluntad de acompañar la gestión ante autoridades de otros países y exponer la crisis”, agregó Quiros.
Servicio Jesuita: «Declaraciones de Chaves colocan en vulnerabilidad a refugiados»
El Servicio Jesuita para los Migrantes de Costa Rica también se pronunció en un comunicado en donde indicó que “las advertencias” del presidente Chaves pueden colocar en circunstancias de mayor vulnerabilidad a las personas refugiadas en Costa Rica, las cuales rondan las 200.000, la mayoría nicaragüenses.
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La organización dijo que “la revisión de las solicitudes de refugio es competencia de las autoridades establecidas en la legislación vigente del país” que en este caso es la llamada Comisión de Visas Restringidas y Refugio y en segunda instancia, el Tribunal Administrativo Migratorio (TAM), quienes deciden el otorgamiento del estatus de persona refugiada en el país.
“Las personas solicitantes de refugio tienen la obligación de someterse al procedimiento establecido por ley”, resaltó el organismo.