El dictador Daniel Ortega retiró todos los poderes legales y administrativos al sancionado ministro Hacienda Iván Acosta, luego de que Estados Unidos lo incluyera en la lista de funcionarios cómplices de la represión en Nicaragua. El efecto nombra a un nuevo viceministro que asume los poderes que tenía Acosta, pero a éste, Ortega lo mantiene como ministro.
Ortega retiró todos los poderes legales a Ivá Acosta, según el Acuerdo Presidencial 45-2020 publicado este viernes en La Gaceta, lo que lo aparta de las funciones financieras en Hacienda el 26 de mayo, cuatro días después de las sanciones, sin embargo el cambio entra en efecto a partir de este viernes con su publicación en La Gaceta.
Iván Acosta fue sancionado por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Tesoro estadounidense junto al jefe del Ejército, general Julio César Avilés, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851 “Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”.
Al ser sancionado por la OFAC, las entidades financieras están obligadas a suspender todas las transacciones con Iván Acosta, por lo que ya no podría ejercer funciones básicas en su cargo como gestor de fondos públicos y firma libradora de cheques.
El sustituto
En lugar de Acosta, el tirano Ortega nombró a José Adrián Chavarría Montenegro, en el cargo de viceministro general “para otorgarle facultades y competencias de firmar todos los documentos relacionados a la administración de las finanzas públicas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
Chavarría Montenegro ocupaba el cargo de secretario de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda y es a partir de ahora, la firma autorizada para dar trámite a “desembolsos de fondos nacionales y extranjeros, así como los derivados de la suscripción y ejecución de contratos de préstamos, donaciones y otros mecanismos de cooperación financiera internacional, previo cumplimiento de los procedimientos y normas que correspondan”.
Acosta fuera de Disnorte y Dissur
Asimismo Ortega dejó también sin efecto el acuerdo presidencial número 46-2020 en el que le confería facultades a Acosta como representante del Estado en la administración de las acciones en LA Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (Disnorte) y Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. (Dissur).
En su lugar nombró como representante de las acciones de capital propiedad del Estado de Nicaragua en Disnorte y Dissur a Bruno Gallardo, “con todas las facultades necesarias para participar en Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, con pleno derecho del voto de dichas acciones y a elegir y ser electo en la Junta Directiva”.