La organización Human Rights Watch, destacó en su informe regional sobre los hechos de 2021, que en Nicaragua persisten las graves violaciones a los derechos humanos y que este país retrocedió en este ámbito y en democracia.
El informe destaca que la dictadura de Daniel Ortega, desde que asumió el poder en 2007, ha venido socavando la institucionalidad de Nicaragua, pasando por una reforma constitucional en 2014, una en 2021, desaforo de legisladores en 2016 y la instalación de un sistema de partido único.
“Para allanar el camino para la reelección de Ortega, las autoridades detuvieron y procesaron arbitrariamente a críticos del gobierno y opositores, incluidos candidatos presidenciales, periodistas, abogados, representantes campesinos, empresarios y líderes estudiantiles”, destaca el informe.
HRW señala que a partir de la crisis sociopolítica de 2018, los abusos cometidos por la tiranía continúan en total impunidad.
Restricciones a las libertades públicas
HWR destaca que otros problemas que persisten en Nicaragua son las severas restricciones a la libertad de expresión y de asociación, la discriminación política y leyes restrictivas sobre aborto.
“Entre fines de mayo y octubre de 2021, las autoridades detuvieron arbitrariamente a 7 candidatos presidenciales y 32 reconocidos críticos del gobierno. Los fiscales iniciaron investigaciones contra la mayoría de ellos por supuesta “traición a la patria”, señala.
El informe detalla que desde febrero, una reforma del Código Procesal Penal habilita a los fiscales a mantener a individuos detenidos por hasta 90 días sin presentar una acusación. En la mayoría de los casos, las autoridades han autorizado la detención por ese plazo extendido.
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Además señala que debido a la aprobación de leyes represivas, como la “Ley de Soberanía”, los opositores han sido procesados en juicios falsos y con acusaciones inventadas por la misma tiranía.
Informe destaca respuesta deficiente a la Covid-19
HRW destaca la deficiente respuesta de la dictadura a la pandemia de la Covid-19, marcada por la inacción y falta de transparencia.
“Si bien el gobierno informó, hasta septiembre de 2021, más de 13.000 casos y más de 200 muertes, la organización no gubernamental (ONG) Observatorio Ciudadano Covid-19 registró el doble de posibles casos y 4.500 muertes presuntamente causadas por Covid-19. El gobierno ha acusado a la organización y a los profesionales médicos que han expresado críticas de promover “terrorismo de salud”, señala.