Los congresistas Albio Sires y Mark Green, solicitaron a la directora del Fondo Monetario Internacional, FMI, Kristalina Georgieva, que comparezca ante el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, para discutir los mecanismos que sirvan para evitar más financiamiento a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Sires y Green, enviaron el viernes 24 de septiembre, una carta a la titular del FMI, señalando los preocupados que se encuentran desde que se enteraron que esa entidad financiera, proveyó 353 millones de dólares al régimen que aplasta libertades en Nicaragua.
«Estamos profundamente preocupados por la reciente decisión del Fondo Monetario Internacional de desembolsar $ 353.5 millones a Nicaragua bajo el mecanismo especial de derechos de giro. Si bien apoyamos el uso de este mecanismo para ayudar a los gobiernos democráticos que rinden cuentas a sus ciudadanos mientras se recuperan de la pandemia de Covid-19, Daniel Ortega preside una dictadura de partido único que se vuelve cada vez más represiva», dicen en la misiva.
Según comunicaciones públicas del FMI, dicen los congresistas, el mecanismo especial de derechos de giro que esa instancia utilizó el 23 de agosto de 2021 para justificar el desembolso, es que se usarían para «abordar la necesidad global de reservas a largo plazo» y ayudar «a los países vulnerables que luchan por hacer frente al impacto de la crisis del Covid-19. Sires y Green, fueron dos de los congresistas que el pasado martes, increparon fuertemente a la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Emily Mandrala, por la falta de acción de la administración del presidente Joe Biden, para impedir ese préstamo a la dictadura.
Ortega no usa dinero para enfrentar pandemia
«Desafortunadamente, la evidencia sugiere que el régimen de Ortega no usará estos fondos para el propósito previsto. Cuando comenzó la pandemia, Ortega desapareció de la vista del público durante más de un mes. Su gobierno nunca cerró negocios ni emitió órdenes de quedarse en casa y llevó a cabo grandes concentraciones. También tomó medidas extraordinarias para desinflar el número de muertos, clasificando erróneamente las muertes por Covid y ordenando entierros secretos a medianoche. Los médicos y enfermeras que hablaron sobre la respuesta del régimen fueron despedidos», dice la carta a la titular del FMI.
Asimismo los congresistas afirman que al brindar financiamiento sin restricciones a Ortega, «da la impresión de que la comunidad internacional tiene la intención de normalizar y legitimar su brutal represión de los derechos humanos, incluida la detención por parte de su régimen de más de treinta figuras de la oposición y la sociedad civil en los últimos cuatro mese, que se suman a más de 150 presos políticos encarcelados ilegalmente en Nicaragua».
«Creemos que la comunidad internacional tiene la obligación de defender los derechos fundamentales y la dignidad humana del pueblo nicaragüense y oponerse a cualquier asistencia financiera que beneficie de manera abrumadora al régimen de Ortega y sus facilitadores», sostienen.
El «terrible historial» de Ortega como violador de derechos humanos
Sires presidente del subcomité del hemisferio occidental del Congreso y Green, como miembro de esa instancia, recordaron a Georgieva, que el «terrible historial de violación de derechos humanos del régimen de Ortega» está bien documentado y publicitado.
Para ello recuerdan que en 2019, un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, GIEI, concluyó que los actos de violencia, tortura y ejecuciones extrajudiciales del régimen contra manifestantes pacíficos constituían crímenes de lesa humanidad.
Y que desde entonces, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado aún más con el régimen intensificando su campaña violenta y represiva contra los supuestos opositores. «En junio de este año, acercándose las elecciones generales del 7 de noviembre, el régimen inició una campaña sistemática para reunir y encarcelar a los opositores políticos que pudieran desafiar la reelección de Ortega», aseguran.
Cerrar flujos a Ortega mientras siga en el camino autoritario
Los congresistas le indican a la titular del FMI que en el futuro, la Junta Directiva de ese organismo multilateral, debe considerar el uso de herramientas más específicas, como asignaciones especiales, para impulsar la liquidez de los gobiernos elegidos democráticamente que pueden ser considerados responsables si no administran responsablemente estos fondos.
Asimismo recomiendan que el FMI adopte una política formal que prohíba los préstamos al régimen de Nicaragua hasta que se celebren elecciones libres y justas y organizaciones independientes documenten la mejora de las condiciones de los derechos humanos.
Por último, recomendamos la implementación de medidas anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas.
De igual manera recuerdan que desde el Congreso trabajaron arduamente para convertir en ley la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018, que tenía como objetivo restringir el acceso de la dictadura de Ortega al financiamiento internacional.
«Creíamos entonces y creemos ahora que el FMI y otras instituciones financieras internacionales no deberían proporcionar un salvavidas para ayudar a Ortega a fortalecer su control sobre el poder. Esperamos colaborar con usted para promover este objetivo y le solicitamos amablemente su participación en una reunión con miembros de los comités del Congreso pertinentes en las próximas reuniones para discutir cómo evitar una mayor asistencia financiera al régimen de Ortega», concluye la misiva.
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