Nayib Bukele, presidente de El Salvador y Nuevas Ideas, su naciente partido con el que asumieron este 1 de mayo el control de la Asamblea Nacional, en su primera sesión, destituyeron a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, al fiscal de la nación y los sustituyeron por funcionarios afines, creando una severa crisis institucional.
Los críticos de Bukele se han apresurado a considerar incluso de “un golpe de Estado” la acción, mientras que Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han rechazado las acciones del parlamento salvadoreño.
En la nueva Asamblea Legislativa, el partido de Bukele y su aliado Gana suman 64 de los 84 diputados. Después de los procedimientos meramente protocolarios de instalación, la primera gran decisión parlamentaria fue destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, generando una crisis institucional.
Las razones
Los legisladores afines a Bukele acusaron a los magistrados de haber incurrido en violaciones a la Constitución de la República, generando vulneraciones al derecho a la vida, seguridad jurídica, al principio de seguridad jurídica y legalidad y de haber cometido “reiteradas violaciones a la Constitución”, que supuestamente eran causales de destitución y argumentaron “que no son las personas idóneas” para ocupar los cargos de magistrados.
El motivo detrás de las decisiones legislativas están vinculados a las decisiones de rechazo de los magistrados a violaciones de los derechos individuales, imputados al gobierno de Bukele cuando impuso un confinamiento al inicio de la pandemia, con decretos ejecutivos sin aval legislativo, algo que a criterio de la Sala Constitucional violó la constitución salvadoreña.
Los magistrados declararon inconstitucional su destitución en una sentencia divulgada pocas horas después de la decisión legislativa, pero Bukele la desconoció a través de su cuenta en Twitter. La Asamblea siguió con la elección de los nuevos magistrados y fuerzas policiales rodearon el vecino edificio de la Corte Suprema de Justicia, donde poco después los recién electos tomaban posesión bajo resguardo militar.
Las reacciones
Las reacciones a lo interno de El Salvador, han sido criticando la destitución y hasta lo han calificado de “un golpe de Estado”, por lo que se avizora una profundización de la crisis institucional.
“Condenamos el atentado contra la democracia que se ha realizado al promover la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional”, dijo en un comunicado la gremial empresarial más grande del país, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), afirmó que la decisión es “un grave atentado contra el sistema democrático y una ruptura del orden constitucional, concretado en una acción propia del autoritarismo, al fraguarse un golpe de Estado por parte del órgano legislativo que busca suprimir el sistema de frenos y contrapesos”.
Mientras que la Universidad Centroamericana (UCA), calificó la decisión de ilegal y de “una hora oscura” en un inusual comunicado nocturno.
“En esta hora oscura para nuestra ya de por sí débil democracia, la UCA llama a defender cívicamente lo que con tanto esfuerzo y vidas costó construir luego del fin de la guerra: una sociedad donde decir “no” al poder no sea una quimera”, señaló esa casa de estudios.
A nivel internacional la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó las decisiones de la Asamblea Legislativa de El Salvador para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
El secretario general de la OEA, Luis Almagro emitió un comunicado donde “rechaza” el accionar del congreso salvadoreño. “Ante las decisiones adoptadas ayer por la Asamblea Legislativa de El Salvador, (la OEA) rechaza la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la del fiscal general, Raúl Melara”, dice el comunicado divulgado la mañana del domingo.
“Cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando este principio. Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo”, agrega el comunicado.
Estados Unidos, el mayor socio comercial de El Salvador, es el país que más contundente ha reaccionado a las destituciones.
“Vemos con preocupación la propuesta de algunos miembros de la Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Un órgano judicial independiente es el cimiento de toda democracia; ninguna democracia puede sobrevivir sin eso”, advirtió Julie Chung, la subsecretaria interina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
Chung sostuvo que “la existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas”.
«Limpiamos la casa y no es de su incumbencia», reacciona Bukele
Bukele reaccionó con firmeza por medio un mensaje en Twitter, en el que le dijo a la comunidad internacional que lo sucedido es asunto de los salvadoreños.
“A nuestros amigos de la Comunidad Internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”, escribió Bukele.
Los sustitutos
Dos de los electos magistrados son asesores legales de Casa Presidencial y de la Policía Nacional Civil; otro era comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) nombrado por Bukele.
Una había sido magistrada cercana al partido Gana, aliada de Bukele y la nueva Sala sería presidida por un magistrado actual.
Tras la destitución del fiscal general, Raúl Melara, quien ha dirigido investigaciones contra varios funcionarios de Bukele por malos manejos de fondos destinados a atender la pandemia, el diputado de Nuevas Ideas, Christian Guevara, propuso nombrar como nuevo fiscal general a Rodolfo Delgado, un asesor legal de la Casa Presidencial salvadoreña. La crisis institucional apenas empieza.