Un nicaragüense de 53 años, Otoniel Orozco Mendoza, fue víctima de un homicidio a balazos en los condominios Río Palma de Guachipelín de Escazú, San José, sumiendo a Costa Rica en un nuevo e interminable episodio de violencia.
Aunque se especula que el motivo del crimen fue un conflicto por el suministro de agua potable, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) deberá determinar el móvil exacto.
El trágico suceso tuvo lugar la mañana del 3 de junio en el citado condominio, donde el presunto agresor, Eduardo Ramírez Zamora, de 43 años, fue detenido por la Policía Judicial con un arma calibre 9 mm.
Orozco, empresario dedicado a la seguridad privada y de nacionalidad nicaragüense, dejó atrás una vida marcada por el conflicto y la violencia en Nicaragua para buscar una segunda oportunidad en Costa Rica.
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Costa Rica sumida en violencia
Vecinos relatan una historia de hostigamiento persistente por parte del agresor, con episodios previos que presagiaban un desenlace trágico y con señales de xenofobia.
El análisis del video del crimen revela un uso desmedido del arma de fuego, según Federico Campos, abogado penalista, quien lo califica como un homicidio calificado por premeditación y ensañamiento.
La Fiscalía de Turno del I Circuito Judicial de San José consiguió que se ordenara tres meses de prisión preventiva en contra de Ramírez Zamora, acusado de cometer un delito de homicidio calificado en prejuicio de Orozco Mendoza.
La escalada de violencia en el país no pasa desapercibida para los expertos.
Erick Villalba, criminólogo y exagente del OIJ, describe una profunda crisis de violencia que afecta la sociedad costarricense, mientras que Gerardo Castaing, criminólogo, y Federico Campos coinciden en que el crimen muestra signos de premeditación y una agresión desmedida.
La estadística de homicidios en Costa Rica refleja una preocupante realidad. En 2023, el país marcó un récord de homicidios con 907 casos.
En los primeros cinco meses de 2024, el OIJ ha registrado 365 homicidios en todo el país, destacando la provincia de San José como la más afectada.
Los datos marcan una tendencia a repetir o superar las cifras del año anterior en Costa Rica, azotado por el crimen organizado.