Ya no podrán ir de compras a Miami, tomarse selfies en Los Ángeles o ver partidos de Grandes Ligas. Servir lealmente a la dictadura Ortega-Murillo tiene sus costos y cada empleado desvisado lo sabe.
Y es que la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de imponer restricciones de visa a más de 250 miembros de la dictadura sandinista este miércoles 15 de mayo, eleva a más de 1.400 la cifra de sirvientes del régimen que no podrán ingresar legalmente al «Imperio».
Un comunicado de esa entidad, señala que entre los desvisados hay policías y personal paramilitar, funcionarios penitenciarios, fiscales, jueces y funcionarios públicos de educación superior, así como a ciertos actores no gubernamentales.
Todos ellos, desde sus funciones, apoyan, coordinan y aplauden al régimen Ortega-Murillo en sus ataques a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la represión contra las organizaciones de la sociedad civil y su aprovechamiento de los migrantes vulnerables.
Que desvisados sigan bailando El Komandante Zekeda
«En noviembre de 2021, el presidente Biden emitió una Proclama Presidencial restringiendo la entrada de aquellas personas quienes amenazan la democracia en Nicaragua».
«Desde entonces, Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a más de 1.400 funcionarios nicaragüenses, especialmente contra aquellos cómplices de violaciones de derechos humanos y prácticas corruptas», dice el comunicado.
Señalan que los tiranos Daniel Ortega y Rosario Murillo, y quienes están bajo su mando, continúan deteniendo injustamente a quienes abogan valientemente por una sociedad libre, la libertad de religión y la libertad de expresión.
«El régimen de Ortega-Murillo también se ha involucrado en enriquecerse mediante la explotación de migrantes vulnerables», indica el Departamento de Estadio.
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Estados Unidos no cesará en más sanciones
«Estados Unidos continúa pidiendo a la comunidad internacional asegurar la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Nicaragua».
«No renunciaremos a nuestro apoyo a los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense», dice el comunicado.
De acuerdo a la comunicación oficial, esta medida se adoptó de conformidad con la Proclama Presidencial 10309.
Esta legislación suspende la entrada a los Estados Unidos, como inmigrantes y no-inmigrantes, a miembros del régimen de Nicaragua y otras personas que formulan, implementan o se benefician de políticas o acciones que socavan las instituciones democráticas.
«Estas acciones de hoy complementan las acciones tomadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que sancionan a tres entidades con sede en Nicaragua, incluido un centro de capacitación ruso que ayuda a mantener el ciclo de opresión violenta en Nicaragua», dijo Washington.
Desvisado y otros golpes a los negocios de la dictadura
Además del desvisado, sancionaron a dos empresas mineras del sector de oro afiliadas a la dictadura, generando ingresos para el régimen de Ortega-Murillo y el Centro de Capacitación del Ministerio del Interior ruso en Managua.
Este último fue considerado como actor clave en la expansión del estado policial represivo de la sancionada familia Ortega-Murillo.
A ello se sumó una alerta de Estados Unidos a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que el régimen Ortega-Murillo y los contrabandistas están facilitando la migración irregular hacia los Estados Unidos.
Según la Casa Blanca, la alerta es para prevenir la explotación de los servicios de transporte legítimos de estas empresas y las industrias de la aviación y los viajes, en el negocio sucio del tráfico de migrantes de los Ortega-Murillo.