La doctora Yonarqui Martínez, una de las juristas suspendidas como abogada y notario, por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aseguró que no reconoce tales actos, porque hacerlo sería darle validez a acciones ilegales y espurias.
«No reconozco esas acciones y no voy a presentarme ante ese Poder Judicial a presentar ni mi protocolo ni mi carnet ni nada, porque sería prestarme a darles credibilidad a quienes no la tienen», dijo Martínez, tras afirma que este es un intento de la dictadura por callar la voz de los defensores de derechos humanos.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), al servicio de la dictadura, suspendió del ejercicio de la profesión el jueves de “manera definitiva” a unos 25 abogados críticos con las políticas del gobierno de Daniel Ortega, entre ellos excarcelados políticos y activistas a los que ya les habían cancelado la nacionalidad en febrero de este año.
El texto oficial expuso que la decisión fue tomada «conforme al ordenamiento jurídico de Nicaragua, con el propósito de garantizar la paz social, la seguridad jurídica y la autodeterminación del Estado de Nicaragua».
«Se tiene a los acusados como traidores a la patria», indicó el documento oficial.
En la lista figura el escritor y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez, así como la abogada defensora de derechos humanos Vilma Núñez.
También le ha sido retirado el derecho al ejercicio de su profesión al ex magistrado de la Corte de Justicia, Rafael Solís, quien desertó en 2018 a este poder del Estado durante la crisis política. Solís es el artífice de la reelección de Daniel Ortega, con una sentencia por medio de la cual se abrió la puerta para que se mantuviese en el poder aún cuando la Carta Magna lo prohibía.
La decisión de la dictadura de depacitar a los más de 25 abogados, se dio dos días después que se aplicó la misma medida a la doctora Yonarqui Martínez, quien expuso en días recientes que el régimen de Ortega había uniciado lo que ella calificó como una «nueva ola represiva del régimen”, en alusión a las detenciones y ejecuciones de procesos “exprés y arbitrarios”.
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El experto en derecho internacional nicaragüense Uriel Pineda, que es parte del grupo a los que se les ha impedido desde el jueves el ejercicio de su profesión, denunció que “persisten los actos de persecución” en su contra.
Por su parte, la abogada María Oviedo, quien se encuentra en Estados Unidos tras haber sido excarcelada por el gobierno de Ortega, dijo que “le han quitado todo” y que con eso “buscan destruirla”.
“Nos han quitado todo. A Dios le pido que el odio no me alcance, no seré igual que los que hoy quieren destruirme. Abogada y nicaragüense seré hasta el último día de mi vida”, subrayó en Twitter.
La decisión de quitar el derecho a ejercer a este grupo de personas ocurrió pocas horas después de que el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álbares, sostuviera el jueves una reunión en Washington con nicaragüenses despojados de su nacionalidad. Dictadura anula títulos a 25 abogados nicaragüenses
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Estos son los 25 abogados privados de ejercer el oficio en Nicaragua
-Edgard Parrales Castillo
-José Bernard Pallais
-Noel José Vidaurre
-Roberto Emilio Larios Meléndez
-José Noel Talavera Arauz
-Hugo Ramón Rodríguez Flores
-Marlon Gerardo Sáenz Cruz
-Ana Margarita Vigil Gurdián
-Osman Marcel Aguilar Rodríguez
-Moisés Abraham Astorga Sáenz
-María del Socorro Oviedo
-Manuel de Jesús Sobalvarro Bravo
-Roger Reyes Barrera
-Hader Humberto González Zeledón
-María José Camacho Chevez
-Sergio Ramírez Mercado
-Rafael Solís Cerda
-Mónica Augusta López Baltodano
-Uriel de Jesús Pineda
-Héctor Ernesto Mairena
-Guillermo Gonzalo Carrión
-Eliseo Núñez
-Manuel Jacinto Díaz
-Álvaro Leiva Sánchez
-Vilma Núñez de Escorcia