El reporte sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua en 2022, presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, reitera que Nicaragua tiene un sistema político altamente centralizado y autoritario dominado por Daniel Ortega Saavedra y su esposa, Rosario Murillo Zambrana.
El informe destaca que el Frente Sandinista ejerce un control total sobre las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales del país y que ante esta ventaja, Ortega se otorgó a sí mismo un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de 2021 después de encarcelar arbitrariamente a casi 40 opositores, prohibir a todos los partidos políticos de oposición creíbles su participación, bloquear los esfuerzos de observación internacionales legítimos y cometer un fraude electoral generalizado.
“En 2022, el partido de la dictadura consolidó su poder en las elecciones municipales de noviembre, en las que la mayoría de los votantes optaron por no participar, ganando en los 153 municipios”, señala el informe.
Además, el informe responsabiliza a la Policía y al Ejército Sandinistas al servicio de la dictadura.
“La Policía Nacional Nicaragüense es responsable de la seguridad interna. El Ejército es responsable de la seguridad externa, pero también tiene algunas responsabilidades de seguridad nacional. Ambos informan directamente al Presidente, de conformidad con los cambios en el Código de Policía y Ejército en 2014, pero la cooperación entre las entidades es limitada”, añadió.
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Represión más allá de las fronteras
El informe destaca también represión transnacional contra individuos ubicados en otro país; problemas graves con la independencia del poder judicial; interferencia arbitraria e ilegal con la privacidad; castigo de miembros de la familia por presuntos delitos por un pariente; restricciones graves sobre la libre expresión y los medios de comunicación, incluidas las amenazas de violencia contra los periodistas, los arrestos injustificados de periodistas y la censura.
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“Grupos de exiliados en Costa Rica alegaron acoso y opresión política por parte de los simpatizantes de parapolicías que cruzaron la frontera para atacar a los exiliados, así como por funcionarios de inteligencia dentro de la embajada nicaragüense en Costa Rica”, señala el informe.
El Departamento de Estado destacó que la Ley de Ciberdelitos de 2020 establece que el régimen puede usar el sistema internacional de extradición para perseguir a los ciudadanos que viven en el extranjero que cometen los llamados delitos cibernéticos.
“Amenazas, acoso, vigilancia y coerción: los miembros de la familia de los miembros de la oposición en el exilio fueron vigilados, acosados, detenidos y condenados injustamente como parte de los intentos del gobierno de obligar a los miembros de la oposición exiliados a regresar al país y enfrentar el arresto”, añaden.