El gobierno de Brasil ofreció en Ginebra “acoger” los más de 300 opositores y críticos con el régimen de Daniel Ortega, despojados de su nacionalidad en las últimas semanas, en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Brasil manifestó preocupación del deterioro de los derechos humanos y reafirmó su compromiso humanitario “con la protección de los apátridas y la reducción de la apatridia” para ofrecer a las 317 personas nicaragüenses la nacionalidad. Brasil reafirmó, “la disposición de acoger a los afectados”, bajo el estatuto especial previsto en su Ley de Migración.
Esa ley permite a los apátridas residir en Brasil y, después de regularizar su situación migratoria, también les faculta a solicitar la nacionalidad brasileña.Grupo de Expertos ONU: «Cometieron crímenes de lesa humanidad para eliminar a oposición»
“El Gobierno de Brasil recibió con extrema preocupación la decisión de las autoridades nicaragüenses de privar de su nacionalidad a más de 300 ciudadanos nicaragüenses”, indicó el representante brasileño, el diplomático Tovar Nunes, en su intervención, divulgada por la Presidencia.
Brasil se puso a disposición para “recibir a los afectados por esa decisión”, amparado “en el estatuto especial previsto en la ley brasileña de migración”.
De esta manera, Brasil se sumó a los Gobiernos de España, Chile, Colombia, México y Ecuador que han ofrecido su nacionalidad a los centenares de “desnacionalizados” por el régimen de Ortega y su mujer Rosario Murillo.
El representante brasileño en la ONU denunció las “graves violaciones a los derechos humanos” en Nicaragua, lo que supone la manifestación más firme en este sentido desde que Luiz Inácio Lula da Silva asumió la Presidencia el pasado 1 de enero.
Sin embargo, el diplomático en declaraciones a 100%Noticias aclaró que están porque “que se sigan las investigaciones para saber exactamente la extensión de posibles violaciones de derechos humanos” ante las graves denuncias en contra de las autoridades de Nicaragua por “restricciones al espacio democrático”, “ejecuciones sumarias”, “detenciones arbitrarias y torturas de disidentes políticos”.