El Grupo Venancia, una organización no gubernamental feminista, denunció que la Policía Sandinista y personal de la Procuraduría General de la República se tomaron sus instalaciones en Matagalpa este 8 de febrero desde las 9 am, ocho meses después que el régimen cancelara su personería jurídica.
“El despojo de nuestro inmueble es un paso arbitrario más tras la ilegal cancelación de nuestra personería jurídica, porque ya sabemos que las leyes son papel mojado en este país. Esta es otra muestra de la violencia estatal en contra de nuestros derechos”, señala un comunicado del Grupo Venancia.
La organización señaló que las instalaciones han sido una casa abierta para la reflexión feminista y el empoderamiento personal y colectivo de mujeres de todas las edades, principalmente de las zonas rurales de diversos departamentos del Norte de Nicaragua.
“También ha sido un espacio para la sanación de las heridas que deja la violencia atendiendo a mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes, y una tarima para promover la cultura, el arte y el activismo en esta ciudad”, expresó.
“No es una confiscación, es un robo”
La organización consideró la acción como “un robo”, debido a que no se cumplieron con los procedimientos legales.
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“Esto es un robo, ni siquiera es una confiscación, porque no están cumpliendo los procedimientos legales para ello. Nos despojan del local, pero no de nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos en toda su extensión, ni del ideal de una Nicaragua con justicia, libertad y democracia, donde trabajar por el bien común y defender derechos no sea delito”, añadieron.
A partir de agosto de 2022, el Parlamento ya no cancela las personerías jurídicas de las organizaciones sin fines de lucro, sino que lo hace directamente el Ministerio de Gobernación, al servicio de la dictadura al aprobar la reforma a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, introducida por el sandinista Gustavo Porras, presidente del Parlamento.
La reforma contempla que la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones sin fines de Lucro, del Ministerio de Gobernación, podrá aplicar sanciones administrativas, multas, intervenciones y suspensiones “cuando corresponda”.
El artículo 47 añade: “Corresponde al Ministerio de Gobernación la cancelación de la personalidad jurídica de la OSFL nacionales, previa solicitud del mismo OSFL o de la Dirección de Registro y Control de OSFL”