La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACNUDH), señaló que en 2022 se intensificaron las violaciones generalizadas de derechos humanos por parte de las instituciones de Nicaragua, al servicio de la dictadura.

La organización señaló que no se permitió a gran parte de los y las nicaragüenses ejercer sus derechos civiles y políticos.

“El Estado condenó a las personas detenidas en el contexto electoral de 2021 por el solo hecho de ejercer sus derechos a la participación política, a la libertad de expresión y a la libertad de asociación, en procesos penales marcados por violaciones sistemáticas de las garantías básicas del debido proceso, como lo documentó la Oficina”, señala el informe.

Además, expone que la dictadura detuvo arbitrariamente a centenares de personas, incluidos, por primera vez desde 2018, sacerdotes de la Iglesia Católica, y siguió sometiendo a las personas privadas de libertad a condiciones inhumanas de detención.

Relatos de horror

“Además, entre agosto y noviembre, impidió durante 86 días que las personas presas en El Chipote recibieran visitas familiares. En diciembre autorizó dichas visitas en tres oportunidades”, señala.

El número de personas privadas de libertad en el contexto de la crisis sociopolítica se ha duplicado desde 2020 hasta noviembre de 2022.

Previo a las elecciones municipales de noviembre calificadas por la oposición como otra farsa municipal, hubo un incremento de las detenciones, 45 personas entre junio y noviembre.

La Oacnudh detalla que el régimen también siguió erosionando el espacio cívico con la cancelación de la personalidad jurídica de más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil y la clausura de más de una veintena de medios de comunicación.

“Tampoco cesó la persecución y el acoso a personas percibidas como opositoras, cometiendo nuevos tipos de violaciones como la detención de sus familiares o impedirles reingresar al país, forzándolas al exilio”, detalla.

El doloroso éxodo

El informe expone que la migración, el exilio y las solicitudes de asilo en terceros países aumentaron drásticamente, como evidencia de un Estado que continúa separándose de los principios democráticos, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.

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