La participación de “testigos falsos” en los juicios contra los sacerdotes de Matagalpa y el Obispo de esa Diócesis, Rolando Álvarez Lagos, no solo se limita a “falso testimonio”, sino que se extiende a la colaboración para cometer crímenes de lesa humanidad.

El abogado y especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, en una entrevista a Café con Voz, señaló que los ciudadanos que se prestan a brindar “falso testimonio” son colaboradores necesarios para la implementación de una política represiva que se extiende a la comisión de crímenes de lesa humanidad.

“No solo los jueces, la Policía y el Ministerio Público están involucrados en la política de persecución y por ende en la comisión de crímenes de lesa humanidad, porque el resultado de este encarcelamiento, implica una privación de libertad contraviniendo las normas internacionales”, señaló.

“Desde la teoría penal, ellos pueden alegar la obediencia y la orden, pero eso no los exime, porque estamos hablando del respeto a los derechos humanos. No se va a valer excusarse de que Daniel Ortega ordenó una cosa, porque cada quien debe asumir su cuota de responsabilidad”, señaló.

El 18 de enero el Poder Judicial, al servicio de la dictadura, presentó oficialmente la acusación formal contra monseñor Rolando Álvarez y el padre Uriel Vallejos.

En la acusación presentaron a 15 testigos, entre ellos la periodista propagandista Elba Marina Rayo, Marlon González Quezada o en su defecto el Comisionado Francisco Villareal y Jeffferson Antonio Calero o en su defecto el Sub comisionado Elvin Antonio Blandón y Yoberlin Daniel González o en su defecto el Subcomisionado Elvin Antonio Blandón.

Régimen pone “nuevos rostros”

A diferencia de juicios anteriores, en los que solamente participaban policías como testigos, la dictadura está utilizando a su militancia para servir como falsos testigos.

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“Aunque haya un esfuerzo de poner rostros distintos, la gente se ha dado cuenta de que son los mismos. Me parece muy relevante que la observación ciudadana está contribuyendo a identificar rostros que considero importante para la memoria histórica”, expresó.

“El régimen se sostiene por lealtad, soborno y amenazas. Mucha gente se ha prestado para este tipo de medidas, porque Daniel Ortega y Rosario Murillo, por sí solos, no lo pueden hacer”, añadió

Falsas acusaciones

Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, y el exiliado sacerdote Vallejos son acusados por el delito de “Conspiración para Cometer Menoscabo a la Integridad Nacional y Propagación de Noticias Falsas en Perjuicio del Estado y la Sociedad”. El líder religioso fue llevado a los juzgados de Managua, el pasado 10 de enero para la celebración de la audiencia inicial.

“Criminalizar la noticia falsa equivale a decir que existen verdades únicas que significa implementar la censura. las noticias falsas también forman parte de la libertad de expresión, porque su esclarecimiento propicia el debate público”, señaló.

Sumado a esto, la imposición de una abogada defensora, también violenta los derechos humanos de los acusados.

“Tener una defensora que no va a dar ese enfoque y no va buscar las pruebas, es un despropósito que provoca la obstaculización de la legítima defensa, que se suma a no tener un abogado de su elección”, expuso.

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¿Cárcel o destierro?

La dictadura le ofrece a Monseñor Álvarez el destierro o la cárcel. Esto, según Pineda, evidencia una vez más el control absoluto de la dictadura sobre todos los Poderes del Estado.

“Yo intuyo que Monseñor Rolando Álvarez no va a aceptar el destierro. Pero si eso ocurriera, es la alta discrecionalidad porque no hay un mecanismo jurídico para esto, lo que evidenciaría más una política de persecución”, expresó.

“Daniel Ortega está donde está porque mucha gente ha creído que con guardar silencio, van a poder salvarse. El tiempo ha demostrado que esto no es así, porque quien se arrodilla ante esta empresa del mal, no tiene ninguna garantía”, añadió Pineda.

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