El 2022 cerró punteando como el año con más clausuras de organizaciones no gubernamentales y un éxodo nunca antes visto en la historia de Nicaragua, señaló la organización internacional Raza e Igualdad en un reciente informe.
Asimismo, señala que este es el segundo año con más casos de personas secuestradas por motivos políticos, registrando más de 225 en el contexto de la crisis sociopolítica y de derechos humanos, solo superado por los 674 casos registrados en el año 2018.
En el mes de noviembre de 2022, en el marco de los comicios municipales celebrados el 7 de noviembre, se registraron irregularidades, anomalías y violencia política.
En el mes de diciembre, las autoridades nicaragüenses permitieron tres visitas de sus familiares a las personas encarceladas en “El Chipote”, lo que podría interpretarse como una muestra de la falta de voluntad de liberar a las y los presos políticos.
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“Respecto a los mecanismos de protección internacional, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas llevó a cabo una sesión especial en la que el Alto Comisionado Volker Türk actualizó aspectos referidos a la crisis de Nicaragua y realizó un diálogo con organizaciones de la sociedad civil”, advirtió Raza e Igualdad.
235 personas privadas de libertad por motivos políticos
Al 30 de noviembre de 2022, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reportó que existen 235 personas privadas de libertad por motivos políticos, de las cuales 225 han sido detenidas arbitrariamente en el marco de la crisis de derechos humanos que inició en 2018. Al menos 16 de estas personas fueron arrestadas entre el 1 y 12 de noviembre, en el marco de las elecciones municipales.
Éxodo inédito: 328,443 nicaragüenses salieron del país
Raza e Igualdad destacó que en el 2022 se produjo un éxodo inédito en Nicaragua.
“Al menos 328,443 ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses salieron del país en este período, una cifra que supera los 161,269 que salieron en el año 2021, que también había marcado un récord en el historial migratorio de Nicaragua”, señala.
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Más de 3000 ONG’s canceladas
La organización apunta que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional -dominada por el FSLN-, continúa implementando su política de “tierra arrasada” respecto de la libertad de asociación.
En el año 2022, el régimen despojó de su personalidad jurídica a 3,108 organizaciones sin fines de lucro (OSFL); para un total de 3,182 oenegés clausuradas desde noviembre de 2018. Estas cancelaciones masivas de OSFL han dejado en situación de vulnerabilidad a grupos poblacionales históricamente discriminados como: juventudes, niñez y mujeres víctimas de violencia, pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.