El Parlamento Europeo discutirá este jueves una resolución en la que, entre otros puntos, pide sancionar a 14 jueces sandinistas y solicita al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, abrir una investigación formal a través de la Corte Penal Internacional sobre Nicaragua y el dictador Daniel Ortega.
“Hace un llamado a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad de la ONU, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Estatuto de Roma, para abrir una investigación formal a través de la Corte Penal Internacional sobre Nicaragua y Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo siete del Estatuto de Roma”, señala el punto nueve de la resolución.
Exige sanciones a jueces y magistrados
Por otro lado, la resolución insta a la Unión Europea a que exija responsabilidades al régimen nicaragüense, en particular a sus jueces, por la represión en el país y los procedimientos judiciales iniciados contra figuras de la oposición y otros críticos.
Los jueces que la Unión Europea podría sancionar son:
Nadia Camila Tardencilla, Ángel Jeancarlos Fernández González, Ulisa Yaoska Tapia Silva, Rosa Velia Baca Cardoza, Verónica Fiallos Moncada, Luden Martin Quiroz García , Karen Vanesa Chavarría, Félix Ernesto Salmerón Moreno, Nancy Aguirre Gudiel, William Irving Howard López, Erick Ramón Laguna Averruz, Melvin Leopoldo Vargas García, Irma Oralia Laguna Cruz y Rolando Sanarrusia , entre otros.
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Además, abre paso a sanciones para magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua que también han participado en la privación de derechos procesales y sustantivos de condenados ilegalmente: Octavio Rothschuh Andino, Ángela Dávila y Argentina Solís.
Condenan ataques a sociedad civil e Iglesia Católica
El proyecto de resolución condena en los términos más enérgicos la represión sistemática de los partidos políticos de oposición, la represión de los actores de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación, periodistas y sus familiares, estudiantes y miembros de la Iglesia católica, entre otros, y la persistente corrupción practicada por funcionarios del régimen nicaragüense.
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“Condena la detención del padre Manuel Salvador García el 1 de junio de 2022 que permanece en prisión preventiva y pide su liberación inmediata”, señala.
En ese sentido, la resolución condena que más de casi 400 organizaciones no gubernamentales se hayan visto obligadas a dejar de trabajar en Nicaragua, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua.
“Hace un llamado a las autoridades de Nicaragua para que dejen de cerrar indebidamente las ONG y restablezcan la personalidad jurídica de todas las organizaciones, partidos políticos, universidades y medios de comunicación que han sido clausurados arbitrariamente, así como para que devuelvan todos los bienes, documentos y equipos incautados indebidamente”, añade.