El Parlamento, al servicio de la dictadura sandinista, aprobó con 77 votos a favor, 11 abstenciones y tres presentes, el informe de trabajo sobre el Análisis de las Normas Jurídicas Aplicables a las personas que cometen delitos de Menoscabo a la Integridad Nacional y crímenes de odio, que busca reformar el Código Penal.

El informe establece adicionar al Artículo 409 in fine al Código Penal:

“Extinción de dominio, aplicado como pena accesoria para aquellos condenados que utilizaron o adquirireron bienes en la comisión de delitos de Traición a la Patria, delitos que competen la paz, delitos contra la constitución Política y conexos, así como aquellos que fueron beneficiados con bienes entregados por el Estado”, señala el informe, estableciendo confiscación a los próximos secuestrados políticos.

El informe señala que se incrementará la pena de 15 a 20 años de prisión para los secuestrados políticos acusados por la dictadura de Menoscabo a la Integridad Nacional, a través de una reforma al artículo 410 del Código Penal.

Por otro lado, obliga a los citados a la Fiscalía, que  deben guardar silencio y no brindar declaraciones ante los medios de comunicación. Esto, a raíz de una reforma al artículo 147 del Código Penal.

Sacerdotes y religiosos podrán enfrentar procesos judiciales

El informe señala que las supuestas víctimas entrevistadas aseguraron que las penas deberían ser más severas y demandaron procesos contra religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos.

Café con Voz: Otro nicaraguense perece en las aguas del Río Bravo

“Dijeron (las víctimas) que en el carácter en que cometieron los delitos no fue como pastores representantes de Cristo, tampoco buscando como proteger y defender los derechos humanos, sino de manera personal, con saña y odio hacia la militancia sandinista y personas relacionadas con el gobierno”, señala.

La diputada sandinista y presidenta de la Comisión de Justicia del parlamento, María Auxiliadora Martínez, señaló que supuestamente ha consenso para modificar el Código Penal.

Le puede interesar: Bertol: “Más países se están dando cuenta de quien es Daniel Ortega”

 “Surgieron inquietudes, observaciones y aportes en procura de mejorar la eficacia de la justicia, la reparación de los daños causados y la no repetición. Dentro de los aportes tenemos que adicionar al artículo 409 del Código Penal, la extinción de dominio, aplicado para los condenados que utilizaron o adquirieron bienes en la comisión de delito de traición a la patria, delito que comprometen la paz, delitos contra la constitución política y conexos”, dijo Martínez.

Entre las personas que participaron en las consultas, se encuentran funcionarios de la Policía Nacional, fiscales, funcionarios del Poder Judicial y dos supuestas víctimas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *