El Ministerio Público, al servicio de la dictadura sandinista, informó la noche de este viernes 18 de febrero, que solicitó el cambio de prisión preventiva a arresto domiciliario a tres secuestrados políticos, entre estos, un aspirante presidencial en los comicios de 2021.

Los secuestrados políticos son:

El ex canciller de Nicaragua, Francisco Xavier Aguirre Sacasa, de 77 años; el exvicecanciller José Bernard Pallais Arana, de 68 años; y el catedrático y aspirante presidencial Arturo Cruz Sequeira, de 68 años. Todos ellos, acusados por la dictadura de menoscabo a la integridad nacional.

“El Ministerio Público, al tener conocimiento del estado de salud de las personas antes referidas, por razones humanitarias, pidió a la autoridad judicial el cambio de medida cautelar de prisión preventiva, por detención domiciliaria, lo que fue autorizado por la correspondiente autoridad judicial”, señaló el Ministerio Público en un comunicado.

Dictadura ante el Consejo Permanente y su exigencia de liberar a secuestrados

La medida de la dictadura se dio luego de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, este viernes, en la que se aprobó una declaración en la que condenaron el deceso del secuestrado político y General en retiro Hugo Torres Jiménez y las condiciones inhumanas del resto de reos de conciencia de la dictadura.

Café con Voz: OEA exige liberación de secuestrados políticos

La declaración destaca que la organización “no puede permanecer en silencio ante la tragedia que se está produciendo en Nicaragua”, en referencia a continua detención de secuestrados políticos.

Los países que apoyaron la declaración leída el viernes son Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay.

México no apoyó la declaración al decir que la OEA no debe optar por medidas coercitivas sino más bien apostar por el diálogo con Nicaragua.

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