A menos de cinco meses de unas supuestas elecciones generales, las condiciones actuales respecto a normativa electoral y Derechos Humanos, no cumplen con los estándares internacionales para desarrollar un proceso electoral en noviembre próximo, indicó el más reciente informe del organismo Urnas Abiertas, que se encarga de monitorear el ambiente electoral
De acuerdo al informe se hace necesario garantizar a las y los nicaragüenses, condiciones democráticas que le permitan participan de una contienda cívica, legítima y transparente, de lo contrario, desarrollar unas elecciones generales bajo estas condiciones desembocaría en un gobierno sin legitimidad de origen.
Durante el período de análisis de este informe publicado el 30 de junio, el organismo indica que se sigue observando el uso abusivo del sistema de justicia con fines partidarios, con el objetivo de eliminar la competencia electoral, intentando darle una apariencia de legalidad.
Observándose una continuidad de lo que se conoce como el “derecho penal del enemigo”, como se describió en el Informe 3 de Urnas Abiertas, este ejercicio significa que cuando se considera a las personas procesadas como enemigos el derecho se convierte en un instrumento de defensa o un arma de guerra porque desde esa perspectiva “el enemigo tiene menos derechos”, perdiendo de esa manera el carácter garantista del sistema penal, y eliminando a los
oponentes por la vía judicial.
Por otra parte, agregó, «el proceso electoral avanza a costa de una serie de irregularidades y anomalías, que cada vez más restan credibilidad a los próximos comicios generales, como la usurpación de funciones en los Consejos Electorales Departamentales o Regiones», que han sido asignadas mayoritariamente a partidarios sandinistas.
Los secuestrados
Sobre la «persecución penal», ese observatorio precisó que entre el 28 de mayo y el 27 de junio pasados 21 personas fueron detenidas «arbitrariamente», entre ellas cinco aspirantes a la Presidencia, diez dirigentes políticos, dos liderazgos empresariales, un periodista y tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Urnas Abiertas tildó de «arbitrarias» esas detenciones y los registros de las viviendas de los opositores, debido a que se están realizando «sin oportuno control judicial, y allanamientos sin orden judicial y sin entregar acta de ocupación de bienes».
También que la prolongación de prisión preventiva a 90 días a los opositores, amparados en una reforma al Código Procesal Penal, está siendo aplicada por la Justicia «como una medida punitiva disciplinadora y no porque existan verdaderos indicios de que la persona investigada pueda obstruir el proceso».
Asimismo, alegó que las causas judiciales contra los opositores, que son investigados bajo una Ley que los cataloga como «traidores a la patria», son «sin fundamentación sólida», y que las imputaciones que ha hecho la autoridad son «sin determinación de delitos».
Además, señaló que los jueces nicaragüenses han rechazado los recursos de exhibición personal, «impidiendo de esta manera acceder a la información necesaria para revisar la legalidad de la detención y evitando que se verifique el estado de las personas detenidas».
Las enormes violaciones a los derechos humanos y las leyes
Por tanto, concluyó ese observatorio, se está violando la presunción de inocencia de los detenidos, y el derecho a la defensa, debido a que los arrestados no han sido asistidos legalmente por un abogado de su elección y las mismas audiencias no han sido públicas, sino «clandestinas».
Para Urnas Abiertas, «se sigue observando el uso abusivo del sistema de justicia con fines partidarios, con el objetivo de eliminar la competencia electoral, intentando darle una apariencia de legalidad».
Nicaragua vive semanas convulsas tras las detenciones de líderes opositores, entre ellos los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, a quienes acusa de «traición a la patria».
Esas detenciones se producen de cara a las elecciones generales en las que Daniel Ortega, en el poder desde 2007, busca reelegirse por cinco años más.