La tarde noche del viernes, 28 de mayo, los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marco Fletes y Walter Gómez, fueron secuestrados por civiles y uniformados armados. El sábado fueron llevados a los juzgados, sin defensa que los representara y una jueza sandinista puso en práctica el término de 90 días de prisión de la reforma al Código Penal, aprobado para perseguir y castigar a opositores del régimen.

Los dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, que fueron secuestrados el viernes uno por la policía sandinista y el otro en la calles por civiles armados, tendrán que guardar prisión preventiva por 90 días que el régimen se ha recetado como término para la investigación del inventado caso de supuesto lavado de dinero en contra de la desparecida organización no gubernamental que servía de apoyo a los periodistas independientes.

La decisión la tomó Gloria Saavedra, titular del juzgado Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua, en base a una reforma a la Ley 406, del Código Procesal Penal de Nicaragua aprobada en febrero y que amplía de 48 horas y hasta 90 días el plazo por el que una persona puede estar detenida para realizar investigaciones. La dictadura indicó por medio de una nota de prensa que «la judicial admitió la solicitud de la Fiscalía, ampliando el plazo para la investigación y detención de los imputados, hasta el día 26 de Agosto de 2021».

El fiscal sandinista Jean Dylan Rivas Falcón, estuvo a cargo de la presentación de cargos y solicitud de prisión preventiva en contra de los dos ex funcionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La nota no menciona que los dos extrabajadores de la Fundación Chamorro, estuvieran acompañados por abogados, lo cual ha sido considerado ilegal y los deja en la indefensión.

«Durante la audiencia, el fiscal del Ministerio Público, Licenciado Jean Dylan Rivas Falcón, indicó a la judicial que por la gravedad de los delitos denunciados, por ser el delito de Lavado de Dinero, Bienes y Activos un delito de crimen organizado, existe la probabilidad de que los imputados puedan evadir la justicia y obstaculizar la investigación, por lo cual solicitaba la ampliación a 90 días del plazo de investigación y detención judicial, de conformidad con el artículo 253 bis de la Ley 1060, Reforma y Adición al Código Procesal Penal», añade la nota de prensa.

«Sin defensa y es venganza», dice Cristiana Chamorro.

«MONSTRUOSIDAD JURÍDICA. Por órdenes de la dictadura, el poder judicial no ha permitido derecho a la defensa a Walter Gómez y Marcos Fletes, y anunció que estarán detenidos hasta por 90 días», reaccionó Cristiana Chamorro, ex directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en su cuenta de Twitter, quien ha sido citada como investigada en la Fiscalía en dos ocasiones por el mismo caso.

«La parcialización de la ´justicia’ en Nicaragua en extremos impensables, todo por una venganza de Ortega, quien no supera que Violeta Chamorro lo derrotó en 1990. Walter y Marcos son inocentes», añadió Chamorro aspirante a la presidencia que parece ser inquieta en sobre manera a la dictadura.

Secuestrados y sin información

La mañana de este sábado, 29 de mayo; los familiares de los dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Marco Fletes y Walter Gómez; secuestrados el viernes por civiles y uniformados armados se presentaron en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial conocido como el “nuevo Chipote”, donde se presume que estén detenidos.

La abogada Orieta Benavidez, representante de Fletes acompañó a la familia de los dos investigados en el caso del supuesto delito de lavado de dinero que le imputa el Ministerio de Gobernación y Ministerio Público sandinista, a Fletes, Gómez y a la exdirectora de la FVBCh, Cristiana Chamorro Barrios.

De acuerdo con los argumentos utilizados por las entidades que obedecen las ordenes de Daniel Ortega, en la FVBCH hubo lavado de dinero entre el período de 2015-2019, sin embargo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), uno de los organismos que financiaba a la Fundación, negó que se haya realizado tal ilícito por medio de esa oenegé. Asimismo, Cristiana Chamorro resaltó que todos los proyectos ejecutados desde su Fundación fueron avalados por el régimen de Ortega.

La Fundación que dirigía Chamorro, se encargaba de apoyar al periodismo independiente por medio de capacitaciones, dotación de equipos para que los comunicadores pudieran hacer reportajes de investigación y periodismo de profundidad.

Los familiares de los dos secuestrados golpearon los portones en busca de ser atendidos por la sancionada guardia sandinista en la Dirección de Auxilio Judicial, sin embargo, los informados desatendieron el llamado y procedieron a enllavar los portones.

“Al parecer no van a atender, ni dar ningún tipo de declaración, procedieron a enllavar los portones, lo que queríamos saber es que si estaban aquí (DAJ), las autoridades deben declarar donde tienen a los detenidos”, dijo Benavides.

La defensora mencionó que desde el 25 de mayo se ha interpuesto recursos de exhibición personal de amenazas de detención ilegal ante la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones en contra de Chamorro, Fletes y Gómez, sin embargo, las autoridades lo declararon improcedentes.

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Extrabajadores de FVBCH podrían estar siendo juzgados

De manera extraoficial, Café con Voz había conocido temprano el sábado, por fuentes de los juzgados que Walter Gómez, había llevado al juzgado décimo de audiencia al denominado proceso de «garantías constitucionales», pero que luego de casi dos horas decidieron no realizarla y ampliar el período de investigación, el cual tiene un plazo de vencimiento el 26 de agosto. Fletes era interrogado en El Chipote.

La noche del viernes cuando la sancionada policía sandinista se presentó a la casa del exadministrador de la FVBCH Walter Gómez, los oficiales entraron sin ninguna orden judicial y se lo llevaron al “nuevo chipote”, declaró su esposa 

“Llegaron con violencia, casi me botan la puerta, estaba con mi niño pequeño; el hombre me dijo que le abriera la puerta, como no le abro, mandó a dos antimotines a tirarse el muro, dijeron que no llevaban orden, mi esposo ha sido un hombre intachable”, dijo María Consuelo Céspedes, esposa de Gómez.

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La doctora Eyling Cruz, abogada de Fletes dijo que la audiencia de garantía a la que se presume que fueron sometidos los dos investigados, establece que los secuestrados podrían estar hasta tres meses (90 días) en las celdas de Auxilio Judicial siendo investigados, pero resaltó que no tienen más información de donde están los imputados.

“El hecho de que no se presentaran ante la Fiscalía a declarar por segunda vez no es ningún argumento para que los hayan detenido, existe el derecho constitucional de que una persona pueda abstenerse a declarar, eso no debería de ser la razón para justificar una detención arbitraria”, agregó.

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