La Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, advirtieron de la escalada en contra de los nicaragüenses perpetrada por el régimen de Daniel Ortega en los últimos días con la judicialización de Cristiana Chamorro, la confiscación de Confidencial y la cancelación de personerías jurídicas de partidos de oposición.

La nueva ola represiva emprendida por el régimen de Daniel Ortega en contra de la oposición, medios de comunicación, precandidatos presidenciales nuevamente se destacó a nivel mundial por la OACNUDH, la Unión Europea (UE) y por medio del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

El descabezamiento del Partido de Restauración Democrática, quien fungiría como vehículo para participar en las elecciones generales y aglutinar al bloque opositor Coalición Nacional, así como la eliminación de la personería jurídica del Partido Conservador (PC), fue destacado por la OACNUDH, quien emitió un comunicado en el que aseguran que el régimen de Daniel Ortega aleja la posibilidad de un proceso creíble.

“Lamento que, a menos de seis meses de las elecciones generales, el Estado de Nicaragua haya tomado estas medidas que alejan, en lugar de acercar, la posibilidad de un proceso electoral donde se respeten los derechos humanos de todas las personas a asociarse libremente en forma de partidos políticos, a postular sus candidaturas y a votar por las opciones políticas de su elección”, declaró Alberto Brunori, Representante de OACNUDH.

Asimismo resaltaron la persecución judicial en contra de Cristiana Chamorro, una de las 11 precandidatos a la silla presidencial del país y quien encabeza la lista de intención de votos y simpatía entre los nicaragüenses.

Para la OACNUDH, las reformas electorales aprobadas por el sandinismo buscan inhabilitar candidaturas como la de Chamorro y a otros lideres de la oposición que no le agradan a Daniel Ortega y que a toda costa busca sacarlos de la contienda electoral.

“Es de reconocer que la reforma electoral aprobada el 4 de mayo introduce disposiciones que propician la participación política equitativa de las mujeres. Sin embargo, contiene causales excesivamente amplias para inhabilitar candidaturas, suspender y cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos, e incorpora restricciones a la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación y participación política que son incompatibles con la normativa internacional en materia de derechos humanos. La mayoría de estas restricciones ya estaban previstas en las leyes Nº 1040 sobre Agentes Extranjeros y Nº 1055 sobre Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, aprobadas a finales del año pasado”, sostienen.

Para este organismo internacional, supeditado a la Organización de Naciones Unidas (ONU), el régimen sandinista debe modificar las reformas que aprobó junto a sus colaboradores en el parlamento sandinista; así como restablecer la libertad de expresión, asociación, reunión pacifica y de participación política para poder hacer del proceso electoral actual, creíble, equitativo y participativo.

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Respeto a los periodistas y diálogo antes de elecciones

El portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, advirtió que la escalada represiva de Ortega es alarmante y lo dijo que debe parar. 

El representante de la UE sostiene que el viejo continente apuesta por un diálogo antes de ir a las elecciones y así poder encontrar una salida de la crisis que arrastra este país desde abril de 2018, cuando iniciaron las protestas en contra de Daniel Ortega y que han dejado más de 325 muertos, más de 100,000 exiliados, miles de desaparecidos y un decrecimiento de menos 14 % en tres años.

Por otro lado, también abordó el tema de la cancelación de las personerías jurídicas del PRD y el PC, sumado al acoso, represión en contra de los lideres de oposición y contra periodistas.

“La exclusión infundada de partidos de oposición, el acoso y la represión de los opositores y los periodistas son alarmantes y deben parar. Derechos civiles y políticos en Nicaragua deben garantizarse y protegerse” twitteo el funcionario europeo.

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OEA da seguimiento a Nicaragua

Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro se solidarizo con el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de los medios de comunicación Esta Semana, Esta noche y Confidencial que desde ,su fundación, por tercera vez fueron allanados por la sancionada policía sandinista, dos ocasiones desde 2018.

El pasado seis de mayo de este año, la OEA expresó su preocupación por las reformas electorales hechas a la medida de un posible fraude perpetrado por el sandinismo para favorecer por cinco años más al régimen de Daniel Ortega y a su consorte Rosario Murillo.

Según el órgano interamericano, “la elección del nuevo CSE y la reforma aprobada por el Poder Legislativo, con el apoyo de diputados del partido oficial y otros diputados, erosiona, en lugar de fortalecer, un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de la población. La elección de nuevos magistrados en el CSE afines al partido oficial consolida la concentración del poder del FSLN en todos los cuatro poderes del Estado – Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Electoral y Poder Judicial. Este arreglo de poder no es conducente a que los nicaragüenses elijan libremente y con condiciones de transparencia a sus gobernantes”.

Nicaragua enfrente la peor crisis sociopolítica y económica desde abril de 2018 y este año electoral parece agravarse más por la persecución en contra de la oposición, la imposición del régimen de casa por cárcel que mantiene a los líderes de oposición rodeados por la sancionada policía sandinista sin permitir que salga de su domicilio, la judicialización de la principal oponente de Ortega y quien lidera las intenciones de votos en las encuestas y por el cierre y confiscación de medios de comunicación que no están bajo su dominio.

Daniel Ortega ha resaltado que la comunidad internacional emprende una campaña de injerencia en contra de sus políticas y acusó al embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Kevin K. Sullivan de andar promoviendo al candidato favorito del país norteamericano en Managua.

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