Rafael Solís, el exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y quien entre otros actos ilegales y corrupción ayudó también a la reelección del dictador Daniel Ortega, estimó que el Ejército facilitó armas a los grupos de choque y paramilitares que mataron a más de 326 civiles luego de la rebelión de abril de 2018.

«Tengo la percepción que las armas efectivamente eran armas del Ejército, eso es una cosa que es muy difícil de negar, ustedes tres lo saben (los periodistas), lo cual implica algún grado de participación, haber dado armas, haber dado armas a la policía y paramilitares» reveló Solís, quien en 2019 renunció a su cargo y se refugió en Costa Rica, donde vive todavía sin ser acusado por los incontables actos de corrupción que facilitó desde su cargo en la Corte Suprema de Justicia.

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Solís también reveló que desde el 2007 la justicia en Nicaragua está politizada y a las órdenes de Ortega y la vicedictadura Rosario Murillo. “Yo recibía las órdenes de Daniel y Rosario y como jefe político de la Corte Suprema de Justicia estaba obligado a cumplirlas» confesó el exmagistrado, dejando en evidencia que todo lo actuado por ese poder está bajo el manto de la corrupción y no de las leyes.

Solís en una amplia entrevista a varios medios de comunicación y periodistas nicaragüenses en Costa Rica, reiteró que una de las razones que le motivó a renunciar y denunciar a la dictadura de Ortega, fue cuando tuvo a la vista, como magistrado, los dictámenes de Medicina Legal, que evidenciaban el uso de francotiradores para «asesinar» a los jóvenes en las protestas, lo cual «me impactó» dijo.

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Para Solís se debe ir a fondo con las investigaciones sobre el Ejército, pues aunque no se tuvo a la vista de forma permanente a militares en las calles o vestidos de militares formal «hay gente que dice que andaban ellos vestidos de civiles».

Esto confirma una serie de reportajes investigativos de Expediente Público, que reveló la participación activa de oficiales de esa institución en la entrega de armas de guerra a paramilitares y policías, persecución de opositores y participación también en los actos de ataque a la población civil.

El Jefe del Ejército general Julio César Avilés Castillo, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el 2020 por “estar alineado políticamente con el presidente Ortega, y por negarse a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares».

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Según varios informes de organismos de derechos humanos, los paramilitares dispararon armas que incluían AK 47, Dragunov, ametralladoras PKM, M 16, Remington 700, Jericho 941, y Mossberg 500, armas que solo están bajo el control de la institución castrense.

Sobre el futuro de las reformas electorales, Solís afirmó que «tenemos que esperar, estas dos semanas son claves y obviamente el mes de mayo y ahí va a quedar más clara la perspectiva de que si se va a ir a elecciones y quiénes van a ir…».

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Para el exmagistrado, quien por décadas aprobó leyes y dictámenes ilegales por estar políticamente definidos desde la oficina de Ortega, el dictador no cederá en ninguna de las peticiones de la oposición y se quedará en el poder a toda costa. «Trabajé 41 años con ellos no creo que las cambien, sin embargo pudiera ser que presión internacional lo haga cambiar porque va a quedar en una soledad y aislamiento total al aprobar la ley como está, va a echarse encima a la OEA, a la comunidad internacional, tanto a  los norteamericanos y europeos, existe posibilidad que si no cambia la ley, la oposición no participe».

Sin embargo, la Ley RENACER, que hace unas semanas presentaron senadores republicanos y demócratas en Estados Unidos y define más sanciones específicas para el régimen, pudiera ser «la aprobación de ley RENACER es mucho más dura que la Ley Nica Act y es más específica contra Nicaragua establece más sanciones».

«Hasta el día de hoy 19 de abril (ayer) está duro, (Ortega) está duro, no estoy seguro que vaya a cambiar de posición y vaya a flexibilizarse, la lógica del poder y la lógica de mantenerse en el poder de parte de ellos me da a mí la percepción que se van a mantener duros, no van a flexibilizarse», afirmó.

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