El experto en temas constitucionalistas, Gabriel Álvarez, manifestó que Nicaragua puede celebrar un acuerdo entre la oposición y el régimen de Ortega, de cara a la realización de las reformas electorales, aunque no descartó la falta de voluntad o «marrullas» de la dictadura sandinista, que se mantiene bajo presión internacional con amenazas de más sanciones si no democratiza al país.

Un nuevo acuerdo político o negociación entre el régimen de Daniel Ortega y la oposición nicaragüense es lo que recomienda el experto en temas constitucionales Gabriel Álvarez, quien manifestó que la dictadura sandinista se encuentra presionada por la comunidad internacional, que amenaza con imponer más sanciones y expulsión de tratados de libre comercio entre Nicaragua y otras naciones como Estados Unidos con la Ley Renacer que busca mermar el financiamiento de entidades multilaterales internacionales y la Unión Europea.

Según Álvarez, las reformas electorales son esenciales para dar un paso a la democracia dentro país, siempre y cuando la dictadura sandinista tenga voluntad política par hacerlo. El régimen de Ortega a través de Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, anunció el jueves que a partir del lunes se abrirá la convocatoria para elección de nuevos magistrados electorales y que también se llevará a cabo una reforma a la Ley Electoral.

“Hasta que no se aprueben reformas electorales siempre es posible que se abra un chance para que se resuelva la crisis pacíficamente, como es una decisión política de una u otra manera; Ortega tiene la obligación política e histórica de permitir una salida pacifica electoral a esta crisis”, expresó el experto.

De acuerdo con el abogado de profesión, Ortega puede reformar la Ley 331 o Ley Electoral, pero de manera superficial y no profundas, pues eso será parte del acuerdo con la oposición, para asegurar una cuota de poder al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

 “Ese paquete de reformas constitucionales queda por fuera (propuesto por el Grupo pro reformas electorales), hay posibilidad desde el punto de vista de procedimientos para impulsar reformas electorales, porque no se requieren dos legislaturas, si Ortega les dice en la mañana, a finales de la tarde ya está aprobado, hay propuesta de partidos opositores y el propio FSLN debe de tener su propuesta en conjunto con el memorándum de entendimiento entre el Estado con la OEA”, señaló.

Se debe eliminar el mando bipartito en el Consejo Supremo Electoral

Para el abogado constitucionalista, el Consejo Supremo Electoral (CSE), es controlado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente SAndinista de Liberación Nacional (FSLN), desde que se pactó entre Arnoldo Alemán, expresidente de Nicaragua entre 1997-2002, acusado por corrupción; y Daniel Ortega, que le permitió repartirse las cuotas de poder en todos los órganos estatales y los cuatro Poderes del Estado.

Porras dijo el jueves que el lunes creará una comisión para el tema de la elección de los magistrados y las reformas, la cual está integrada en su mayoría por diputados sandinistas, uno del PLC y otro del Partido Liberal Independiente, PLI.

“Tengo el convencimiento de que si a la gente se le presenta la oportunidad de creer que van a acudir a organismo que no están controlados por estos dos partidos, les va a generar confianza”, aseveró Álvarez.

Además, señaló que debido a la discrecionalidad del Poder Electoral han implementado el término de “acompañantes electorales” en vez de “observadores electorales”, lo que le ha dado luz verde al FSLN para traer «a sus amigos» que sirvan de supuestos testigos y no a órganos independientes que funjan como observadores y calificadores de la contienda electoral.

Reformas electorales deben hacerse en mayo para que haya tiempo de organización de partidos

A juicio del experto constitucional, se debe de cumplir con el plazo propuesto por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su ultima resolución aprobada en octubre de 2020 para Nicaragua, en la que establecen que se deben hacer reformas electorales antes de finalizar el mes de mayo de 2021.

Para Álvarez, mayo será trascendental para saber el futuro político de la nación y conocer si el dictador Daniel Ortega tiene voluntad para reformar la Ley Electoral y de esa manera eliminar las trabas que actualmente existen para hacer elecciones como lo es la imposición de facto de los magistrados que se mantienen en sus cargos con plazos vencidos, eliminar la figura de “coordinador de junta” impuesto como el jefe de mesa electoral, que toma decisiones, quitando facultades a los demás miembros y testigos en las juntas receptoras de voto, sumado a la eliminación de los padrones electorales para dejar uno solo depurado.

“Mayo es un buen plazo para saber que es lo que reforma Ortega y si va a permitirse observadores electorales… desde el Gpre (Grupo pro reformas electorales), proponemos que se vuelva al padrón único, quizás no se vaya con un padrón pulcro, sin embargo, hay tiempo todavía para aplicar reformas legales que permita ir a elecciones con padrón más confiable”, recomendó.

“Hay tiempos jurídicos y tiempos políticos para hacerlo, pero necesitamos voluntad política para hacerlo, de ofrecerle al país una salida democrática o de profundizar la crisis y después tratar de contenerla a punta de represión, a ver si va seguir gestionando al país”, agregó.

Inician señales de “marrullería” 

No obstante, en el ambiente electoral también se vislumbran falta de condiciones desde ahorita, debido a que supuestamente se le ha entregado una certificación a la Unión Republicana (UNIR), por parte del CSE sin tener un mandato jurídico, avalando a ese movimiento señalado como plataforma de división.

“No solo no se ve voluntad política, ya se empiezan hacer cosas de marrullería, leía declaraciones de Alfredo César diciendo que el CSE ya le había dado certificación a UNIR, eso no existe, las plataformas electorales no son plataformas jurídicas… que el CSE le de certificado a una entidad que no tiene existencia jurídica, es como mínimo desafortunado, es un verdadero despropósito”, sostuvo.

El experto dijo que todo lo que vaya a ocurrir de ahora en adelante, va a depender de la unidad opositora que pueda asegurar todos estos cambios y exigir justicia por las violaciones a los derechos humanos.

“No va a haber posibilidad de impartir justicia por las violaciones a los derechos humanos, incluso delitos de lesa humanidad, sin un previo cambio de gobierno que corresponda buscar por la vía cívica, pacífica y electoral, con el actual régimen creo que es imposible atender las demandas, lo más importante es la justicia y la vía democrática que permitan la justicia, libertad y democracia; lamentablemente estamos en manos de régimen dictatorial, mientras haya esperanza la mayor responsabilidad es el tema de la unidad de la oposición tanto para exigir reformas electorales y que crean que vale la pena elecciones y enfrentar a Daniel Ortega”

Para consumar la ansiada unidad, el experto recomendó a los partidos políticos que forman parte de las alianzas y coaliciones opositoras más fuertes en el país, a dejar sus intereses y pretextos.

“No creo que todos los actores políticos que están en la palestra tengan la humildad, tengo la impresión de que más que voluntad de dialogar es una apariencia de dialogar entre CxL y el PRD… seamos humildes y reconozcamos que unos tienen mas fortalezas que otros…”, finalizó.

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