Diferentes organizamos de derechos humanos y civiles, denunciaron hoy en una sesión virtual ante la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el asedio y constantes violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
Marcos Carmona, Director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que “continúa el asedio, amenaza y percusión” contra los nicaragüenses y que se prohíbe constantemente “la libertad de opinión, movilización y reunión. Hasta tomarse un café en su casa, es motivo de detención ilegal”, denunció.
Dijo que las Leyes contra el Ciberdelito y contra Agentes Extranjeros, “violentan y criminalizan el trabajo de los derechos humanos”. Afirmó que las familias de las víctimas de la represión de 2018, continúan esperando “la verdad, la justicia y la reparación”.
Por su parte, Vilma Núñez de Escorcia, del confiscado y cerrado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, (CENIDH) afirmó que “llevamos tres años de graves violaciones de derechos humanos. Hay impunidad total. Más de 100 presos políticos son sometidos a tortura y muchas instalaciones de derechos humanos y de medios de comunicación han sido confiscadas y destrozadas”.
“Las nuevas leyes aprobadas (por el régimen) son verdaderos instrumentos de represión. Esperamos que la ONU sostenga una nueva resolución “que exhorte a Nicaragua a respetar los derechos humanos y que reanude su cooperación con ACNUR y la OEA para volver a Nicaragua”.
El Colectivo Nicaragua Nunca Más, denunció casos de violación sexual, simulación de asesinato, ahogamiento, tortura como extracción de uñas y golpizas a cientos de detenidos desde las protestas de abril de 2018 que dejaron más de 400 muertos y miles de heridos.
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Por su parte, Human Right Watch, valoró que “en el 2020 el gobierno de Nicaragua intensificó la represión. La Asamblea Nacional aprobó varias leyes que violan los derechos humanos y que se teme que sean usadas para prohibir la participación de opositores y contra los periodistas. Continúan en la impunidad los graves abusos contra la población desde 2018. Se requiere garantizar que las próximas elecciones sean libres, pedimos el fin de la censura, la independencia judicial y garantizar el regreso de los exiliados”.
La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados, Kelly T. Clements, dijo que desde junio del año pasado, la dictadura no contesta ni siquiera a los correos electrónicos ni las llamadas telefónicas que les hacen, pero confían en que todavía se pueda realizar reformas electorales que puedan garantizar elecciones libres y justas.