Dictadura amenaza a decenas de residentes extranjeros

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por medio de la la Dirección de Migración y Extranjería ha iniciado una cacería y ha vertido serias amenazas en contra de residentes extranjeros que residen en el país, que el régimen afirma se han metido en asuntos políticos del país.

«Citaron a mi esposo, le dijeron que sabía lo que habíamos hecho sus familiares con las marchas y las protestas, que se anduviera con cuidado y que todos los de la familia nos calmáramos de estar criticando y publicando en las redes en contra del ellos», relató una nicaragüense casada con un empresario extranjero.

«Hacen énfasis en que ellos como residentes, no pueden participar ni opinar en sus redes sociales sobre asuntos políticos de la nación, de lo contrario, su permanencia en Nicaragua se revoca», añadió.

Política se puso en práctica desde enero

La dirección de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación aplica desde enero esa política de advertencia y citatorias contra extranjeros latinoamericanos, europeos y estadounidenses que tienen residencia en Nicaragua y quienes son dueños de empresas o trabajan en empresas privadas del país.

Según algunos de los afectados, funcionarios de extranjería les citan o visitan hasta sus viviendas para intimidar y amenazar con la deportación, alegando un supuesto involucramiento en  “actividades políticas” dentro del país.

Los relatos como el de la mujer nicaragüense, se replica en decenas de residentes extranjeros que fueron sacudidos por la advertencia. Otros que también han asistido al Ministerio de Gobernación han sido fotografiados para luego ser informados que no pueden participar en las políticas de Nicaragua.

Residencia por tres meses, antes por cinco años

Asimismo denunciaron que ahora les han impuesto que deben renovar su tarjeta de residencia cada mes y a otros trimestralmente, cuando por lo general se debe de hacer cada cinco años, según lo ordena el Artículo 58 del Reglamento a la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, que establece que la residencia permanente en el país tendrá una vigencia de cinco años.

Para la abogada Marlin Sierra del CENIDH, el nuevo actuar del sandinismo es intimidatorio y viola la Ley general de Migración y Extranjería.

Entre las personas que han sido citadas por Migración están jubilados, inversionistas y personas naturales, a quienes no les explican la causa de la citatoria y pasan por un proceso similar al que relata la primera fuente.

El artículo 27 de la Constitución Política de Nicaragua, prohíbe que un ciudadano de otra nacionalidad intervenga en asuntos políticos. Además resaltaron que la ley 761 establece la revocación de la permanencia en el país a los extranjeros que participen en actividades políticas.

¿Qué son «asuntos políticos»?

El abogado y experto en derechos humanos, Uriel Pineda, explicó al diario La Prensa, que dentro del artículo 38 de la Ley de Migración y Extranjería, hay disposiciones que son limitantes que normalmente tienen los extranjeros en el país, como es participar en asuntos políticos. No obstante, aseguró que este artículo representa un vacío legal porque la Ley no define lo que se considera «asuntos políticos», además que la misma ley reconoce la igualdad tanto para extranjeros como para nacionales en derecho.

«Asuntos políticos debería tener una definición en la propia ley, es decir, para mí asuntos políticos debería interpretarse como inscripción en un partido político, participación directa en un partido político, pero eso es muy distinto de participar en temas relacionados con derechos humanos, es decir, que haya manifestación como por ejemplo, por el acceso al agua en algún barrio, eso es una situación inherente que no es una política partidaria», señaló.

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