Proponen ejes de gobierno democrático a opositores en Nicaragua

El Grupo de Propuestas para Nicaragua (GPN) presentó a la oposición y comunidad nacional e internacional, las propuestas de ejes para un gobierno democrático luego de una eventual salida del dictador Daniel Ortega del poder mediante elecciones generales de noviembre de 2021.

Un grupo de expertos en temas de gobernanza presentaron una propuesta de gobierno democrático en las que recomiendan 160 aspectos a cambiar en el país. Esta propuesta fue consensuada por más de 15 comisiones de trabajo y de organizaciones de la sociedad civil que desean y aspiran a tener un país mejor. 

Dentro de las principales propuestas, los expertos recomiendan a los líderes de oposición quienes participen en las elecciones generales de noviembre de 2021 contra el dictador Daniel Ortega y su consorte Rosario Murillo, trabajar sobre cuatro ejes antes de entrar a una contienda electoral.

Entre estos aspectos destacan la realización de una reforma institucional,  Política social, Política económica, y  Aspectos transversales de suma importancia: Ambiente, Gestión de Riesgos ante desastres de origen natural, Igualdad entre los géneros, Niñez, Adolescencias y Juventudes, y un Plan de Alivio Inmediato para la población más vulnerable.

Según los académicos,  es indispensable que el nuevo gobierno cuente con un programa que responda a las complejas y difíciles situaciones que ha vivido el país, con un enfoque multidimensional e integral que aborde las múltiples causas que generan el ciclo de pobreza, dictaduras y conflicto que han provocado que el país viva en el sub desarrollo.

Principales retos para nuevo Gobierno

De acuerdo con el análisis de los expertos, el nuevo Gobierno que resulte democráticamente electo en Nicaragua si se llegasen a dar elecciones libres y transparentes, tendrá que aliviar la situación económica de los más pobres, implementando acciones urgentes de corto plazo para responder a la situación de hambre y ausencia de servicios básicos.

A lo anterior se suma la restauración del respeto de los derechos humanos, libertades públicas y seguridad ciudadana para rescatar la institucionalidad del país, que a juicio de los académicos, el régimen de Ortega ha deteriorado.

Asimismo este grupo que ha presentado la propuesta, recomiendan a la nueva administración de un gobierno democrático a frenar la caída socioeconómica en el país mediante acciones de política fiscal y económica, para crear opciones de generación de ingresos y reactivación clave con alta promoción de empleos en áreas como el turismo y la construcción, la pequeña y microempresa, así como el sector informal.

Reconciliación necesaria para impulsar todos el desarrollo del país

Este grupo también recomienda que se desarrollen acciones dirigidas a reconstruir el tejido social y sentar las bases del desarrollo a mediano y largo plazo, trabajando por la reconciliación de las familias y las personas. 

Además instaron a la oposición, si llegase a ganar los comicios generales de noviembre de 2021, a restablecer los espacios de participación ciudadana tanto en la comunidad, municipio, departamento y a nivel nacional, con el fin de que todos aporten a la reconstrucción de Nicaragua. También en la propuesta hacen hincapié en promover y defender la libertad de expresión y prensa y la defensa y promoción de los derechos humanos, todo lo anterior, violentado por la dictadura sandinista desde el año 2007, cuando Ortega retornó al poder.

Educación incluyente y autonomía universitaria

Entre otras de las principales propuestas para abonar a una nueva Nicaragua, este grupo de académicos y expertos en temas de gobernanza democrática, instan al posible ganador de los comicios por parte de la oposición, a trabajar para reducir los índices de pobreza general y pobreza extrema como una prioridad permanente, que conduzca a la eliminación de la pobreza extrema. 

Por consiguiente, afirmaron, el nuevo gobierno debe esforzarse en reducir las brechas de desigualdad y la exclusión para que todos los nicaragüenses tengan acceso equitativo y de calidad a la educación, salud, bienestar y protección con énfasis en la niñez, la juventud y las mujeres. 

“Fortalecer el sistema educativo con énfasis en la cobertura universal y de calidad; la adecuación del currículum a los requerimientos del desarrollo integral del país, asegurando la relevancia y pertinencia de los contenidos”, cita la propuesta.

A la vez, instaron al nuevo posible gobierno a fortalecer la autonomía técnica y administrativa del Sistema Educativo Autonómico, a fin de asegurar las capacidades profesionales y los recursos necesarios para garantizar el mejoramiento de la calidad de la educación.

También abogan para garantizar una oferta formativa, capacitación y certificación técnica y profesional alineada a la demanda y potencial de sectores y actores económicos y sociales, vinculada al mundo laboral.

Salud para todos sin partidización 

La propuesta también incluye un sistema de salud digno sin ser utilizado por políticos para hacer proselitismo. En este eje, los expertos recomiendan a un gobierno democrático a mejorar el sector salud, ya que según los académicos, se encuentra altamente fragmentado y desarticulado. 

“Desde la crisis sociopolítica de 2018, se observa una ausencia del Estado de Derecho en el sector salud. El Minsa y sus funcionarios ha sido señalados por organismos internacionales de violar los derechos humanos de las víctimas de la crisis. La pandemia de Covid-19 ha confirmado la ausencia de rectoría y gobernanza del MINSA, así como la violación de los derechos constitucionales a la salud, la información, la rendición de cuentas y la protección del Estado” aseguran los expertos.

Programas sociales descentralizados del partido de Gobierno y protección a indígenas

Otro de los aspectos en los que se enfoca esta propuesta es en la implementación de programas sociales que se descentralicen del partido de gobierno y que se apoye de la ayuda de oenegés nacionales e internacionales para la reconstrucción del país.

Sumado a esto, recomendaron a la oposición incluir dentro de sus planes de gobierno políticas públicas que garanticen la integridad física y territorial de los miembros de los pueblos indígenas en peligro, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las agresiones contra las comunidades miskitas y mayagnas atacadas y sus territorios. 

Por otro lado, para los expertos también se debe garantizar el retorno seguro de las personas que han sido desplazadas forzadamente de las comunidades indígenas afectadas, acatando las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitidas en protección de las comunidades agredidas.

Además invitan a respetar a una sociedad donde las y los ciudadanos puedan ejercer plenamente su derecho a expresarse libremente y se reconozcan los derechos humanos. Abogan por un sistema de justicia independiente justo e imparcial, que garantice el respeto irrestricto a las libertades públicas y los derechos humanos.

En este esfuerzo de propuesta participaron 120 voluntarios de la Asociación de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN), el Centro de Asesoría Legal para los Pueblos Indígenas (CALPI), varias organizaciones ambientalistas agrupadas en el Grupo Cocibolca, la Organización de Profesionales Independientes de Nicaragua (OPIN), el equipo asesor del Movimiento Campesino y la Unidad Médica Nicaragüense (UMN) y para su redacción se contó con el aporte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), el Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales (CIPA), la Coalición Nacional (CN), la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), EDUQUEMOS, el Foro de Educación y Desarrollo Humano, FUNIDES, el Movimiento Campesino (MC), la Red de Mujeres Empresarias, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la Unión de Catedráticos Mariano Fiallos Gil (UCMFG) y la Unión Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua (UNANIC), además de abogados independientes, académicos, economistas, educadores, sociólogos, antropólogos, empresarios, expertos, organizaciones estudiantiles y del sector de salud pública, líderes campesinos y periodistas.

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