Daniel Ortega ordena inhibición de opositores para re-«elegirse» solo

A través de una propuesta de ley para ser aprobada con urgencia el próximo lunes, Ortega cercena el derechos de los nicaragüenses que se oponen a su régimen, a participar en elecciones para ocupar cargos públicos, si estos piden sanciones contra funcionarios de la dictadura sandinista.

Los opositores que pretendan participar en las elecciones generales de 2021, que se dediquen a hacer llamados a la comunidad internacional para la aplicación de sanciones en contra de funcionarios del régimen de Daniel Ortega, no podrán ser candidatos para ocupar cargos públicos. Así lo determina una propuesta de “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la soberanía y Autodeterminación de La Paz”.

La propuesta fue introducida a la primera secretaría del parlamento que controla el sandinismo; por parte de los diputados al servicio de Daniel Ortega, Wilfredo Navarro, Maritza Espinales y Raquel Díxon.

El argumento que dan estos legisladores sandinistas para que esta propuesta de Ley sea aprobada, es que en Nicaragua se libró una lucha contra un fallido golpe de Estado, y denominan como actos terroristas todas las acciones que desde la oposición se realicen contra el dictador Daniel Ortega.

La iniciativa de Ley contiene dos artículos en los que mencionan textualmente: “Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, y que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan  gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones en contra del Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y yodos los que lesionen los intereses supremos de la nación, contemplados en el ordenamiento jurídico, no podrán optar a cargos de elección popular”.

Ortega confirma que Ley se aprobará

Durante un acto de graduación de cadetes de la sancionada policía sandinista, el dictador Ortega, confirmó que la propuesta de ley ya estaba en la agenda de la sesión a la que la junta directiva del parlamento sandinista había convocado para el próximo lunes 21 de diciembre.

“El que no defienda a Nicaragua, el que pide sanciones en contra de Nicaragua, ese no merece llamarse nicaragüense. No podemos expulsarle porque aquí nació, pero automáticamente, de acuerdo con lo que manda la Constitución y las Leyes, está perdiendo sus derechos, ya perdió esos derechos de optar a cargos públicos”, dijo anoche el dictador en un acto acompañado por los sancionados jefes de la Policía y el Ejército sandinista.

El sandinismo controla cerca del 90 % del parlamento, ya que 70 de los 90 diputados le sirven a Daniel Ortega, 14 diputados del Partido Liberal Constitucionalista, a quienes llaman aliados del FSLN y otros seis diputados que abiertamente han estado de acuerdo con las políticas represora de la dictadura.

Por lo anterior, algunos lideres de oposición emergentes luego de las protestas sociales de abril de 2018, indican que esa propuesta de Ley será aprobada, pues Ortega controla al parlamento.

Ortega cerca el circo electoral y elige a sus opositores

De acuerdo con declaraciones brindadas por Eliseo Núñez, miembro asesor de la Alianza Cívica, una de las facciones opositoras que surgieron a partir de las protestas de abril de 2018, Ortega lo que pretende es escoger a sus contrincantes e inhabilitar a la nueva oposición que se organiza de cara a las elecciones generales de noviembre de 2021.

“Lo que está tratando Ortega es escoger a sus contrincantes, está diciendo que nadie que hable mal de él o de su sistema, nadie que pida algo, podrá ser candidato”, dijo Núñez al Diario La Prensa.

Tanto la Alianza Cívica, como la Coalición Nacional, dos de los movimientos de oposición más fuertes en Nicaragua, han denunciado ante la comunidad internacional las violaciones de derechos humanos perpetradas por Ortega, sus funcionarios y la policía sandinista.

A raíz de esas denuncias y por recuentos de sucesos a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han documentado más de 350 asesinados por paramilitares y efectivos policiales, la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos, Canadá y países de la Unión Europea, han impuesto sanciones a funcionarios del régimen de Ortega, incluyendo a su mujer y vocera de su dictadura, Rosario Murillo y a tres de sus hijos.

Murillo ayer vomitó contra los organismos de derechos humanos.»Ya vieron como vinieron esos organismos basuras, porque son basuras, pagados por el imperio, esos mismos organismos que en Bolivia son los responsables de la masacre, de haber declarado fraude y de haber promovido masacre ¿a qué vinieron? a validar a violadores de derechos humanos, ya los conocemos, venimos de vuelta de una larga vida de traiciones a la patria» señaló rabiosa la vocera dictadorial.

En el discurso de la noche de este viernes, 18 de diciembre de 2020; el dictadoraprovechó para criticar nuevamente de EEUU por el supuesto financiamiento a “terroristas” en Nicaragua.

“Las prácticas terroristas dirigidas por el imperio, financiadas por el imperio, capacitados los terroristas por el imperio, con millones de dólares invertidos para sembrar muerte, el dolor, la inseguridad en un país que siempre ha defendido La Paz, pero allí estaba el imperio permanentemente y no me canso de repetirlo porque es la verdad” vociferó el dictador Daniel Ortega quien fue aplaudido por sus servidores públicos.

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