Diputados sandinistas aprueban «Ley Mordaza»

Ley Mordaza

Con 70 votos a favor y 16 en contra, los diputados sandinistas aprobaron la Ley de Ciberdelitos o Ley Bozal, que viene a regular las publicaciones de medios digitales a través del ciberespacio, los periodistas independientes aseguran que esa nueva legislatura es una herramienta represiva contra la libertad de prensa y expresión.

La polémica “Ley Especial de Ciberdelitos” conocida como la “Ley Bozal” fue aprobada esta mañana por los 70 votos de los diputados sandinistas en el plenario controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La nueva herramienta legal atenta contra la libertad de prensa y expresión, pues en el articulo 30 de la Ley dice que “Quién usando las tecnologías de la información y la comunicación publique o difunda información falsa y  tergiversada que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella, a una persona o su familia, se impondrá la pena de 2 a 4 años de prisión y 300 a 500 días de multa

La vocera del régimen sandinista ha denominado como “noticias falsas” a las informaciones sobre el Covid-19 en Nicaragua, divulgadas por los medios de comunicación emergentes. Además, los sandinistas consideran que los periodistas de medios independientes no informan la verdad.

Ley Bozal atenta contra el periodismo

Para los diputados sandinistas, con la aprobación de esa nueva ley, se pondrá el orden en el país, y que en Nicaragua si existe libertad de expresión, pero no libertad para llamar a la muerte por medio de las tecnologías de la comunicación.

“Estamos aprobando una ley necesaria para defender a los nicaragüenses y los únicos que están en contra de esta ley son aquellos quienes están fomentando el odio, destrucción y la muerte y les decimos que nunca más lo volverán a hacer”, aseguró Wálmaro Gutiérrez.

Ya no se va permitir que desde un programa de comunicación se llame con odio, poseídos por el espíritu de la violencia, a cometer delitos, asesinatos, a quemar vivos a seres humanos incitando a la destrucción de edificios públicos, alcaldías, delegaciones de policías, mercados, o a propiedades privadas” manifestó Carlos Emilio López, servidor de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

En Nicaragua existe la libertad de información, expresión y comunicación, lo que no existe a partir de esta ley es libertad para llamar al caos, la violencia y la destrucción de la paz, la estabilidad, el bien común, la espiritualidad y la vida de las personas” añadió el diputado.

“Se les acabo el negocio a los mentirosos, a los que crean noticias falsas en las redes sociales, como cuando dijeron que los tanques del ejercito estaban reprimiendo en Managua” concluyó su discurso el sandinista.

De acuerdo con López, esa ley vendrá a sancionar todos los delitos que se cometan a través de las nuevas tecnologías de la comunicación e información.

Esta nueva normativa atenta contra el Artículo 30 de la Constitución Política de Nicaragua, la que establece que “los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral o escrita, o por medio de cualquier otro medio”

Ley sanciona a los que hackeen los sistemas estatales y privados

La nueva Ley en su Artículo cuarto establece que se encarcelará con penas de uno a cuatro años de prisión al que <<intencionalmente y sin autorización o excediendo la que se hubiere concedido, acceda, intercepte haga uso parcial o totalmente de un sistema informático que utilice las tecnologías de la información y comunicación>> cita el párrafo.

La Ley también busca sancionar con penas de uno a cinco años a quienes sin poseer ña autorización correspondiente, transgreda la seguridad de un sistema informático.

La comunidad de hackers denominada Anonymus filtró la lista oficial del Ministerio de Salud, que contenía la cantidad de contagiados, muertos y las personas que superaron el Covid-19 en el país.

Durante el discurso de los diputados sandinistas en el plenario, dijeron que esa nueva ley sancionará a quienes se entrometan a los servidores de información de cualquier entidad publica o privada para obtener información y divulgarla sin autorización, también se sancionaran a los canales por las que se difundan los datos.

Desde 2018, la ciudadanía nicaragüense ha hecho uso de las redes sociales para denunciar los abusos de las autoridades policiales y gubernamentales en el país. En ese mismo año, nacieron más de 50 plataformas informativas digitales, tras el cierre de medios de comunicación y espacios informativos a través de la radio y televisión por parte de la dictadura sandinista.

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