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Managua, 18 oct (EFE).- El diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua, está inmerso en la peor crisis de su historia debido a una demanda millonaria de uno de sus accionistas, que se suma a la asfixia económica a la que ha estado sometido desde que el sandinista Daniel Ortega, a quien considera su «peor enemigo», retornó al poder en enero de 2007.

Tras una demanda laboral de su exgerente general Hugo Holmann, que exige 2.3 millones de dólares por sus 25 años de servicio, el equipo de redacción del influyente periódico publicó un inusual comunicado en el que afirma que sus empleos están en riesgo por esa «exigencia monetaria».

Desde febrero pasado La Prensa lanzó un SOS para sobrevivir debido a que el Gobierno mantuvo retenido por 500 días su papel y puso en peligro su versión impresa, en el marco de la crisis social, política, de derechos humanos y económica que vive Nicaragua desde abril de 2018.

La retención del papel, más la asfixia económica estatal y la caída de la publicidad privada a raíz de la crisis económica, obligó a La Prensa a disminuir la cantidad de páginas, cerrar suplementos, entre ellos el satírico semanal «El Azote», el más popular entre sus lectores.

DESPIDEN A MÁS DEL 70% DE SUS PERIODISTAS

El presidente de Editorial La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal, ha reconocido que la actual es la peor crisis que ha sufrido La Prensa en sus casi 95 años de historia, y que han tenido que despedir a más del 70 % de sus periodistas.

La Prensa, fundado el 2 de marzo de 1926, ha denunciado que «el peor enemigo que ha tenido este diario en sus 94 años de existencia ha sido Ortega», quien lleva 13 años consecutivos en el poder desde 2007 y que también coordinó una Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y gobernó el país de 1985 a 1990.

Según Luis Sánchez Sancho, editorialista de ese diario, «matar a La Prensa ha sido un viejo delirio totalitario» de Ortega y los sandinistas desde que gobernaron por primera vez Nicaragua.

Recordó que en septiembre de 1981 una delegación del Consejo de Estado que presidía el fallecido «comandante» sandinista Carlos Núñez fue a Cuba en misión oficial, y un comandante de la revolución cubana reprochó a Núñez por qué el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) todavía no había liquidado a La Prensa, como lo habían hecho ellos con el Diario de La Marina, un histórico periódico independiente de la isla.

De acuerdo con Sánchez Sancho, el «comandante» sandinista solo atinó a decir que en Nicaragua estaban haciendo las cosas de manera gradual, «pero que La Prensa inevitablemente tendría que desaparecer».

VIEJA PUGNA FAMILIAR

El libro «Lo que se quiso ocultar, 8 años de censura sandinista», de Roberto Cardenal, señala que los sandinistas, tras derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle, el 19 julio de 1979, ofrecieron a los dueños de La Prensa «convertirlo en el órgano oficial de la Revolución», y al no lograrlo, lanzaron una «conjura» desde adentro que dividió la redacción y una parte fundó el ahora desaparecido El Nuevo Diario.

Para entonces, narra Cardenal en su libro, los sandinistas convencieron a una de las tres familias Chamorro dueñas del diario a estar al servicio de la revolución, y con el apoyo de una parte de los redactores planearon la toma de las instalaciones físicas y declarar una huelga indefinida, pero no lograron ninguno de sus objetivos: cambiar la línea editorial, controlarlo o cerrarlo definitivamente.

Cuatro décadas después, otro miembro de la familia Chamorro, Hugo Holmann, abre otro capítulo en la historia de La Prensa al demandar por la vía laboral a la empresa de su familia en la que solicita 2.3 millones de dólares por indemnización.

En un editorial titulado «La demanda del accionista Holmann contra LA PRENSA y su familia», ese periódico explica que despidió a su gerente general «porque cometió faltas contra principios éticos que la familia Chamorro defiende», y que uno de ellos es «el respeto a la dignidad de nuestros trabajadores que fue atropellada de diversas formas por el señor Holmann».

También aseguró que otorgaron a Holmann 445,000 dólares en concepto de liquidación, más el seguro de vida, seguro de salud y una camioneta valorada en 120,000 dólares, y que luego aceptó un nuevo contrato ajustado a la realidad del negocio.

Pero después de «comprobarse que solo llegaba cuatro horas a la semana y maltrataba al personal, fue despedido en diciembre de 2019 con la invitación de hacer un finiquito que no quiso aceptar y cortó toda documentación» y luego presentó la demanda, según el rotativo.

El equipo de redacción cerró filas con la Junta Directiva, corroboró los maltratos que recibía del anterior gerente general, a quien acusan de querer «quebrar a la empresa mediante una millonaria demanda, que se suma a la asfixia económica que el régimen de Ortega ha impuesto al periódico en los últimos años».

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