CIDH: Represión aumenta en Nicaragua

Jóvenes en Nicaragua

A través de su informe actualizado al mes de septiembre de 2020, el Meseni de la CIDH recuentan más de 103,000 nicaragüenses exiliados, más de 94 presos políticos y 405 profesionales de la salud expulsados de sus centros de trabajo por el hecho de denunciar la mala gestión del dictador Daniel Ortega frente a la pandemia del Covid-19.

El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actualizó sus datos sobre la situación de violación a los derechos humanos y libertades publicas que iniciaron a raíz de las protestas de abril de 2018, en el que la población demanda la justicia y democracia del país.

Dentro del informe con datos actualizados al 30 de septiembre de 2020, el Meseni destaca la muerte de 328 ciudadanos en el contexto de las protestas, el asesinato de estas personas se dieron a partir de la brutal represión desatada por el régimen sandinista desde mayo a julio de 2018, luego se fueron dando asesinatos de manera selectiva, aseguran defensores de derechos humanos a nivel nacional.

Además, el informe recuenta a 94 personas detenidas, quienes se mantienen en las cárceles por alzar su voz en demanda y descontento con el dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por su parte, la Asociación de Presos y Presas Políticas de Nicaragua (APPN) mantiene una lista de 107 reos políticos dentro de las mazmorras.

Asimismo, el Meseni, organismo creado para dar seguimiento in situ a la situación de Nicaragua y que después fue expulsada por Ortega, registra el despido ilegal de 405 profesionales de la salud, debido a su descontento expresado por la matanza de niños, jóvenes y adultos desde 2018; a esto se agregan los médicos y enfermeros expulsados del sistema sanitario del país, por denunciar la negligencia del Ministerio de Salud sandinista contra la pandemia del Covid-19.

Dentro de las estadísticas de la actualización de este informe, también resalta que 150 estudiantes han sido expulsados del sistema de educación superior en Nicaragua, por manifestarse en contra del régimen dictatorial sandinista.

Más periodistas se suman al exilio forzado en Nicaragua

Hasta marzo de este año, la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), mantenía que cerca de 60 profesionales de la comunicación habían abandonado el país por temor a ser encarcelados, judicializados y debido a las constantes amenazas de muerte en su contra, lo que les obligó a solicitar refugio o asilo político en países como Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica y Panamá.

Sin embargo, la nueva actualización del informe del Meseni reporta que más de 90 periodistas se han ido al exilio forzado, ante la amenaza de una posible aprobación de la Ley de Ciberdelitos, conocida como «Ley Mordaza», que busca judicializar y criminalizar la labor periodística a través del internet y otros espacios de difusión de información.

Asimismo, “la CIDH y su Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) expresaron su preocupación sobre el embargo a Nicavisión S.A., propietaria de Canal 12, por supuestas deudas fiscales, y respecto al proceso fiscal iniciado contra el Canal 10. Dichas señales de televisión abierta son las únicas que continuarían funcionando de forma independiente en Nicaragua”.

La CIDH y su RELE expresaron su preocupación por la escalada represiva en Nicaragua en el mes de septiembre, marcada por el envío a la Asamblea Nacional de dos proyectos de ley que podrían afectar a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes, a saber: la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que obliga a las personas físicas o jurídicas que reciben fondos directa o indirectamente de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras y; la Ley Especial de Ciberdelitos que establece penas de cárcel y multas para varias conductas relacionadas con el uso de medios digitales” agrega el comunicado.

A la vez, la CIDH llamó al régimen a impedir el avance de esas iniciativas porque según el organismo internacional, podrían afectar gravemente los derechos a la libertad de asociación, a defender derechos humanos, así como el ejercicio del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.

CIDH preocupada por la judicialización a la prensa nicaragüense

A través del informe del Meseni, la CIDH expresó su preocupación por el aumento de acoso y judicialización en contra de la prensa independiente, invocando delitos incompatibles con la Convención Americana, como el desacato, la difamación e injurias.

Actualmente cinco periodistas nicaragüenses enfrentar cargos por injurias y calumnias. La directora de prensa de Radio la Costeñísima fue declarada culpable por ese delito, en perjuicio de una simpatizante sandinista. La periodista deberá pagar 7,684.58 córdobas, según notificación judicial, equivalentes a 120 días de multa.

Persecución a líderes sociales y estudiantiles también reflejados en el informe

En cuanto al aumento de la persecución de lideres de oposición, defensores de derechos humanos, campesinado y estudiantes en Nicaragua, la CIDH también remarca en su informe la denuncia de acoso, asedio, ataque policial e incluso de armas de fuego.

El MeseniI fue informado de cada detención arbitraria en contra de los activistas, totalizando 45 arrestos en el último mes. A esto se suma la persecución policial en contra de Medardo Mairena y Marcos Carmona, defensor de derechos humanos. Este último denunció del disparo de una persona desconocida que lo asediaba, cuando se encontraba reunido con su familia.

“Agentes rodearon y bloquearon ingreso a las sedes de las organizaciones y amenazaron con criminalizar a activistas de los colectivos Mujeres Rurales, «La Corriente» y «María Elena Cuadra», cuya líder, Sandra Ramos, es beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH” agregó el informe.

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