Por Café con Voz
Un número creciente de reportes sobre violaciones de los derechos humanos, vinculados al segundo aniversario de la crisis sociopolítica en Nicaragua y al manejo del Covid-19 por parte del régimen Ortega-Murillo, forman parte del informe de abril y mayo de 2020 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
“Se insta al Gobierno a tender puentes con los activistas de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, el sector privado y las asociaciones médicas, entre otros actores, con miras a garantizar su participación en todas las etapas de la respuesta a la pandemia de la Covid-19 y el pleno disfrute del derecho a la salud de todas las personas”, indica el informe.
Llamado a la degradada PDDH
Sugieren que la dictadura y en particular la orteguista Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos “deberían aprovechar plenamente la cooperación ofrecida por la OACNUDH para situar a los derechos humanos en el centro de la respuesta a la pandemia, la importancia de implementar todas las recomendaciones formuladas por la OMS/OPS, incluido el ofrecimiento de que expertos internacionales puedan llegar al país y hacer una evaluación de la situación de los servicios de salud”.
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Finalmente, el informe recalca “que las autoridades nicaragüenses están obligadas a respetar y garantizar el pleno disfrute del derecho a la libertad de opinión y expresión, que abarca el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo”.
El organismo a la vez reitera su llamado “al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional en general de monitorear la evolución de la situación en Nicaragua y de continuar adoptando medidas para evitar un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos en el país”.
Ortega suma tantas víctimas como la peste Covid-19
La OACNUDH documentó entre el 1 de abril y el 30 de mayo 17 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, entrevistando a 32 víctimas y testigos (19 hombres y 13 mujeres).
Además, del 15 al 20 de abril, las organizaciones de la sociedad civil reportaron al menos 11 allanamientos sin orden judicial y 39 arrestos y detenciones arbitrarias, así como más de 100 amenazas y actos de acoso e intimidación, llevados a cabo por policías o elementos progubernamentales, en contra de opositores.
Estos incidentes ocurrieron en Managua, Madriz, Nueva Segovia, Masaya, Río San Juan, Chontales, Matagalpa, Jinotega, Granada, Estelí, Boaco, Carazo, León y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
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Dictadura con bien ganada fama de mentirosa
Respecto al Covid 19 observan “con preocupación” la falta de transparencia del Gobierno al no compartir información sobre la respuesta del Estado frente a la pandemia.
Oacnudh resalta que el régimen ha utilizado un “lenguaje poco claro” al referirse a los casos “incluyendo terminología vaga como seguimiento responsable y cuidadoso”.
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El informe destaca que los casos que reporta el Gobierno son muy diferentes a los de Observatorio Ciudadano, este último contabiliza hasta el 27 de mayo 805 muertes por neumonía o sospechosas de Covid-19, mientras que el Gobierno solo reporta 35 muertes hasta el 26 de mayo.
Trabajadores de la salud advirtieron sobre la falta de medidas adoptadas por el Gobierno y exhortaron a las autoridades nacionales que «implemente[n] de inmediato medidas de distanciamiento social y restricción de reuniones masivas».
Régimen “extraterrestre“ en Nicaragua
Además, cinco exministros de salud consideraron que la falta de medidas firmes tendría repercusiones negativas en todo Centroamérica y 34 de las 36 asociaciones médicas en el país, hicieron un llamado a la población para que emprendiera una «cuarentena voluntaria» ante la propagación del Covid-19.
El 24 de mayo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ubicó a Nicaragua como uno de los países donde había «transmisión comunitaria», sin embargo el régimen de Ortega aún no reconoce esta realidad pese a que médicos independientes han denunciado que la capacidad de las unidades de salud está rebasada y que personal al frente de esta pandemia no está debidamente dotado de equipos.
“Cerebros deformes” y la retórica venenosa de Murillo
En este período la OACNUDH documentó seis casos de intimidación, amenazas y campañas de difamación contra periodistas o trabajadores de los medios de comunicación que daban cobertura sobre el tema, lo que sumado a la “falta de información fiable proporcionada por el Gobierno, puede obstruir la libre circulación de la información, que es vital en el contexto de la pandemia de la COVID-19”.
También registró discursos “estigmatizadores e incendiarios” pronunciados en los niveles más altos del Gobierno quienes calificaron a las personas que reclamaron o fueron vistas como opositoras como «rezagad@s», «cerebros deformes», «enferm@s», «personas malas y perversas», a las que se acusó de «calumniar» y «difamar», de «[querer] propiciar males [y] daños» y de «jugar con la verdad».
Mensajes de odio con insanos propósitos
“Es preocupante que las autoridades sigan utilizando un lenguaje incendiario, ya que puede poner en peligro a las personas percibidas como opositoras al Gobierno y puede incitar a que miembros de la población utilicen un lenguaje discriminatorio, hostil o violento o actúen con violencia contra aquellas personas”, indica el informe.
Sobre los privados de libertad en el contexto de las protestas “la OACNUDH está profundamente preocupada por los informes que indican que, al 31 de mayo, unos 40 detenidos incluidos en la lista de las organizaciones de familiares de víctimas presentaron síntomas compatibles con la COVID-19 y/o padecen afecciones de salud crónicas que aumentan el riesgo de sufrir síntomas más agudos en caso de ser infectados”…