«Retórica de odio contra Iglesia Católica”, por parte de Ortega y Murillo, dice EE.UU

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El Informe Sobre Libertad Religiosa Internacional, emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, éste miércoles, afirma que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha usado “la retórica de odio para incitar al acoso, la intimidación y los ataques físicos contra el Clero Católico, contra los fieles y los lugares de culto”.

El Resumen Ejecutivo dado a conocer este miércoles, contiene un amplio detalle del actuar de fuerzas fanatizadas del Frente Sandinista, paramilitares y de la misma Policía de Daniel Ortega, en contra de líderes religiosos y sacerdotes, dedicados a asediar, hostigar, agredir y vilipendiarles, solo por denunciar los atropellos de la dictadura en contra del pueblo de Nicaragua que puja por un cambio desde abril de 2018. 

Acá les dejamos el Resumen Ejecutivo


La constitución prohíbe la discriminación basada en la religión; provee libertad de creencia, religión y adoración; y declara que nadie «estará obligado por medidas coercitivas a declarar su ideología o creencias». Según numerosos informes de prensa, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo usaron retórica de odio para tolerar e incitar al acoso, la intimidación y los ataques físicos contra el clero católico, los fieles y los lugares de culto. Estos informes declararon que la Policía Nacional de Nicaragua (PNN), junto con grupos progubernamentales y activistas del partido gobernante (Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN), hostigaban e intimidaban rutinariamente a los líderes religiosos y profanaban espacios religiosos. Los líderes católicos informaron ataques físicos e insultos verbales, amenazas de muerte, y campañas de intimidación por parte del PNN y grupos asociados con el presidente Ortega y el vicepresidente Murillo, como la Juventud Sandinista. El NNP y los grupos progubernamentales atacaron a los fieles católicos en numerosas ocasiones después de que asistieron a los servicios religiosos en los que oraron por los presos políticos, incluidas al menos dos ocasiones en las que los oficiales del NNP dispararon balas de goma y gases lacrimógenos a los fieles cuando salían de Misa. Según los religiosos líderes y medios de comunicación, individuos vinculados al gobierno o representantes del gobierno continuaron cometiendo actos de vandalismo y profanación de objetos sagrados en iglesias y cementerios católicos en todo el país. La policía y los partidarios del gobierno interrumpieron con frecuencia los servicios religiosos al reproducir música a alto volumen a través de altavoces ubicados fuera de las iglesias. Muchos líderes religiosos dijeron que el gobierno politizó la religión en el contexto de la actual crisis política y el conflicto social en el país. Los líderes religiosos dijeron que el gobierno y sus representantes tomaron medidas agresivas, incluido el acoso, las amenazas de muerte y los asaltos físicos, contra el clero que se considera crítico con el gobierno. Según la prensa local, los líderes protestantes católicos y evangélicos que proporcionaron refugio y asistencia médica a los manifestantes pacíficos en 2018 continuaron siendo víctimas de represalias del gobierno, incluidas calumnias, investigaciones arbitrarias por parte de agencias gubernamentales sobre cargos infundados, retención de exenciones de impuestos, reducción de asignaciones presupuestarias y negar servicios religiosos para presos políticos. En octubre, las cuentas de las redes sociales publicaron fotos de estudiantes golpeando piñatas hechas a imagen de sacerdotes católicos colgados de sogas. Algunas cuentas de Twitter vinculadas al ala juvenil sandinista del FSLN distribuyeron las fotos con el título: «Sé un patriota, mata a un sacerdote». Los líderes católicos dijeron que el gobierno continuó usando festividades religiosas, simbolismo e idioma en sus leyes y políticas para promover su agenda política, una práctica que los líderes católicos dijeron que socavaba la integridad religiosa de la Iglesia.


Una ciudadana rusa que en 2018 arrojó ácido sulfúrico a un sacerdote de la Catedral de la Inmaculada Concepción en Managua, durante una confesión, fue declarada culpable de cargos por lesiones corporales y exposición de otros a un peligro inminente. Esta persona fue sentenciada a ocho años de prisión en mayo. En agosto, los medios informaron que la atacante fue vista en un avión que volaba a Panamá. No hubo una declaración oficial que confirmara o negara la liberación de la atacante.


En julio, el Vicepresidente destacó a los líderes del gobierno en Nicaragua por su persecución al clero católico, declarando que el gobierno apuntó a «líderes de la Iglesia para defender la democracia y la libertad religiosa». Altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos pidieron reiteradamente al gobierno de Ortega que cese la violencia y los ataques contra el clero católico, los fieles y las iglesias. Los funcionarios de la embajada de los Estados Unidos continuaron planteando preocupaciones sobre las restricciones a la libertad religiosa en el contexto de una represión más amplia con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los funcionarios de la embajada se reunieron regularmente con los líderes de la Iglesia Católica, así como con una amplia variedad de representantes de otros grupos religiosos, incluidos los protestantes evangélicos, los luteranos de Moravia, los musulmanes y la comunidad judía, para discutir las restricciones a la libertad religiosa y fomentar la tolerancia religiosa.



El 18 de diciembre, de conformidad con la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, enmendada, el Secretario de Estado colocó a Nicaragua en la Lista Especial de Vigilancia por haber participado o tolerado violaciones graves de la libertad religiosa.

Sección I. Demografía religiosa


El gobierno de los EE. UU. Estima la población total en 6,1 millones (estimación de mediados de año 2019). Según el censo de 2005 (el más reciente disponible), realizado por el Instituto Nicaragüense de Estadística y Censo, el 59 por ciento de la población es católica y el 22 por ciento protestante evangélico, incluidos pentecostales, menonitas, luteranos moravos y bautistas. Según una encuesta realizada en julio por Borge and Associates, el porcentaje de protestantes evangélicos está aumentando y el porcentaje de católicos está disminuyendo. Borge y asociados descubrieron que los católicos representan el 43 por ciento de la población, los protestantes evangélicos el 41 por ciento y los creyentes religiosos sin afiliación el 14 por ciento. Según la encuesta de Borge, los grupos que en conjunto constituyen menos del 2 por ciento de la población incluyen a los testigos de Jehová,

La Iglesia Luterana Morava se concentra en gran medida en las regiones autónomas de la costa norte y sur del Caribe del país. La mayoría de sus miembros son de ascendencia indígena o afrocaribeña.

Sección II Estado del respeto del gobierno por la libertad religiosa


MARCO LEGAL


La constitución prohíbe la discriminación basada en la religión. Proporciona libertad de creencia, religión y culto, y declara que nadie «estará obligado por medidas coercitivas a declarar su ideología o creencias». La constitución establece que no hay religión oficial; sin embargo, la ley confía a los grupos de acción controlados por el gobierno a nivel comunitario, conocidos como comités familiares, la responsabilidad de promover los «valores cristianos» a nivel comunitario.


Los requisitos para el registro de grupos religiosos, a excepción de la Iglesia Católica, que tiene un concordato con el gobierno, son similares a los de las organizaciones no gubernamentales (ONG). El registro requiere una solicitud, artículos de asociación y designación de oficiales. La Asamblea Nacional debe aprobar la solicitud de registro o legitimación de un grupo. Después de la aprobación, el grupo debe registrarse con el Ministerio de Gobierno como asociación u ONG, lo que le permite contraer obligaciones legales, celebrar contratos y beneficiarse de exenciones de impuestos y aduanas. Después del registro, los grupos religiosos están sujetos a las mismas regulaciones que otras ONG o asociaciones, independientemente de su naturaleza religiosa. No se requiere que la Iglesia Católica como grupo religioso se registre porque su presencia en el país es anterior a la legislación; sin embargo, el gobierno requiere que se registren organizaciones dedicadas a la caridad u otro trabajo social afiliado a la Iglesia Católica.

Las regulaciones del Ministerio de Educación para la educación primaria establecen que la base para la metodología y el plan de estudios para los niveles de primaria son los principios «Cristiano, Socialista, Solidario» y la política de «Desarrollo Humano». La política de desarrollo humano 2018-21 del gobierno establece la promoción de festividades religiosas y religiosas como un componente clave de toda política gubernamental.

Los misioneros de todas las afiliaciones religiosas deben obtener visas para trabajadores religiosos y proporcionar información sobre la naturaleza de su trabajo misionero antes de que el Ministerio del Interior autorice la entrada al país. Una organización religiosa local debe proporcionar documentación y solicitar autorización de viaje del Ministerio de Gobierno siete días antes de la llegada de la persona o grupo religioso visitante. El proceso generalmente tarda varias semanas en completarse.

El país es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES


En julio, el Mecanismo de Monitoreo Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua informó sobre el «hostigamiento constante» de los participantes en varios eventos públicos por parte del gobierno, incluso en ceremonias religiosas y misas, particularmente cuando se pensaba que esos participantes tenían antigubernamental puntos de vista. La CIDH informó que el 15 de junio, grupos asociados con el gobierno atacaron a los fieles que habían asistido a una misa en la Catedral de la Asunción de María en León. El informe también señaló los ataques de la policía el 16 y el 30 de junio en la Catedral de la Inmaculada Concepción en Managua, afirmando que la policía usó balas de goma, gases lacrimógenos y granadas de sonido en los fieles que salían de las masas dedicadas a la liberación de prisioneros políticos. Se informó que nueve personas resultaron heridas en los ataques. La CIDH declaró: «Estos eventos ocurrieron en un contexto de amenazas contra la Iglesia Católica y contra los líderes religiosos, emitidos como comentarios intimidantes en las redes sociales o como graffiti en las paredes de algunos edificios religiosos». Según el informe, un sacerdote de Esteli abandonó el país después de recibir amenazas.


El padre Edwing Roman, un sacerdote a quien la CIDH le otorgó medidas cautelares (protectoras) desde 2018, continuó siendo víctima de acoso y recibió múltiples amenazas de muerte durante el año. Según informes de prensa, el 13 de febrero, la policía lo detuvo en su vehículo. La policía registró su vehículo e intentó confiscar su teléfono durante una llamada con un periodista. Una mujer policía golpeó la cara de Roman en el intento. Momentos después de que la policía lo liberó, las cuentas de las redes sociales progubernamentales distribuyeron información difamatoria contra el sacerdote, declarando que fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Las publicaciones incluían fotografías que mostraban botellas de licor dentro de su automóvil. Roman dijo que la policía plantó las botellas como parte del esfuerzo continuo del gobierno para desacreditarlo.

El 14 de noviembre, en la Iglesia de San Miguel en Masaya, el padre Roman recibió a un grupo de madres de presos políticos cuando comenzaron una huelga de hambre para exigir la liberación de sus hijos. De acuerdo con La Prensa , Una fuerte presencia policial rodeó la iglesia en cuestión de minutos, impidiendo el acceso y evitando que alguien dentro de la iglesia salga. En cuestión de horas, el gobierno cortó el suministro de agua y electricidad a la iglesia, lo que provocó el deterioro del suministro de insulina de Roman guardado en un refrigerador en la iglesia. Debido al apagón eléctrico en la iglesia, durante la mañana del 15 de noviembre, un feligrés intentó entregarle a Roman un nuevo suministro de insulina y pequeñas bolsas de hielo a través de una ventana, pero la policía alejó a la persona. La policía arrestó a 16 personas que llegaron a la iglesia para proporcionar agua a las madres en huelga. Según Confidencial, un medio de prensa digital, fueron acusados ​​de tráfico de armas, municiones y explosivos y serían juzgados el 30 de enero de 2020; Los abogados de los acusados ​​dijeron que la policía plantó armas de grado militar dentro de sus vehículos después de detenerlos. El 22 de noviembre, Roman y los huelguistas salieron de la iglesia en una ambulancia de la Cruz Roja y fueron atendidos en un hospital local. Al finalizar el año, el agua y la electricidad no habían sido restaurados en la iglesia.

Según los medios, el 18 de noviembre, cuando las familias de los presos políticos iniciaron una huelga de hambre en la Catedral de la Inmaculada Concepción en Managua, grupos alineados por el gobierno se reunieron fuera de la catedral. Según los medios de comunicación, a medida que caía la oscuridad, los oficiales de NNP y la policía antidisturbios, que habían rodeado y bloqueado el acceso a la catedral, permitieron que un grupo de al menos 30 personas alineadas con el gobierno dentro de la catedral. Los informes declararon que una vez dentro, agredieron físicamente al padre Rodolfo López y a la hermana Arelys Guzmán y profanaron objetos y espacios sagrados, mientras que los oficiales de la PNN y la policía antidisturbios permanecieron afuera y no intervinieron. Los eventos fueron capturados en video y distribuidos en las redes sociales. Según los informes, los individuos alineados con el gobierno pasaron la noche del 18 de noviembre al lado del altar de la catedral,

La Iglesia Católica continuó hablando en contra de la violencia perpetrada por el gobierno y los grupos progubernamentales y la falta de instituciones democráticas a través de homilías del clero y cartas pastorales, pidiendo el respeto de los derechos humanos y la liberación de los presos políticos. En una carta fechada el 1 de mayo, la Conferencia de Obispos declaró que, dada la postura actual del gobierno, esperaban que el dolor y el sufrimiento continuaran para la mayoría de las familias nicaragüenses. «Los presos políticos, la falta de respeto a los derechos constitucionales, los exiliados, los refugiados, los asilados, la pobreza, el desempleo, la inseguridad … demuestran que sin la presencia de Dios, que ha colocado su tienda entre nosotros, no tenemos futuro». También abordaron en la misma carta la ausencia de independencia entre los organismos gubernamentales y la falta de libertades básicas.

El 19 de noviembre, la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe emitió una declaración en la que pedía justicia y denunciaba los ataques violentos contra opositores del gobierno de Ortega-Murillo. La declaración decía: «Queremos seguir atentos a las voces de quienes sufren la inmisericorde tiranía del poder que intenta someter los sueños de libertad y democracia a través del terror, la represión, la tortura y los asesinatos».


En abril, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, calificado por varios medios de prensa, incluidos La Prensa y Reuters, como uno de los críticos más abiertos de los abusos contra los derechos humanos del gobierno, fue llamado al Vaticano por tiempo indefinido. Los medios independientes y los observadores interpretaron la decisión del Vaticano como una respuesta al hostigamiento constante y las amenazas de muerte contra él. En 2018, los partidarios del FSLN exigieron que Báez abandonara el país y regresara al Vaticano, desde «donde nunca debería haberse ido».

Durante el año, las fuentes proporcionaron diferentes estimaciones sobre cuántos clérigos habían permanecido en el exilio y cuántos habían regresado. No proporcionaron detalles, declarando temor de que el gobierno pudiera tomar represalias contra el clero que regresa.

En sus discursos durante el año, el presidente Ortega con frecuencia declaró que los «obispos» no apoyaban al «pueblo» en contra de las sanciones y otras «agresiones». En un discurso de noviembre, Ortega dijo a una multitud en Revolution Plaza que «los sumos sacerdotes siempre están pidiendo que se crucifique a Nicaragua y con esos sumos sacerdotes están los cobardes, los traidores a su país, que se arrodillan para pedir que se crucifique a Nicaragua». » Según las organizaciones locales de derechos humanos y los analistas políticos, los representantes de Ortega y del FSLN frecuentemente usaban este tipo de lenguaje para denigrar y deshumanizar a la oposición.

Los grupos religiosos dijeron que el gobierno continuó politizando las creencias, el lenguaje y las tradiciones religiosas, incluso mediante la cooptación de la religión para sus propios fines políticos. Los grupos religiosos también dijeron que, como una forma de represalia derivada de la crisis sociopolítica del país que comenzó en abril de 2018, el gobierno continuó violando los derechos de los líderes religiosos a practicar actividades basadas en la fe, incluida la provisión de espacios seguros en las iglesias a los estudiantes y otras personas que huyen violencia. El clero católico y los medios informaron casos de funcionarios del gobierno, incluido el presidente Ortega, calumniando, estigmatizando e instando a los partidarios a tomar represalias contra las casas de culto y el clero por su aparente oposición al gobierno.

Con una crisis económica que según las fuentes fue precipitada por la violenta represión del gobierno de las protestas prodemocracia en 2018, el presupuesto nacional se redujo sustancialmente. Los recortes presupuestarios a los grupos religiosos continuaron. Después de una financiación sólida en 2018 y una disminución dramática de la financiación en 2019, la financiación para las iglesias y grupos religiosos católicos y protestantes se eliminó por completo del presupuesto de 2020. Los medios locales vieron esto como una retribución por la abierta oposición de los líderes religiosos al gobierno, particularmente entre el clero católico.

El 2 de noviembre, los medios informaron que partidarios del gobierno y partidarios del FSLN ingresaron a cementerios católicos en varias partes del país donde las familias celebraban el Día de los Muertos y tumbas profanadas de personas asesinadas por las fuerzas gubernamentales y las milicias pro-Ortega, comúnmente llamadas «parapolice». en el levantamiento prodemocracia de abril de 2018. Los medios informaron que los oficiales de NNP y los funcionarios locales del FSLN se mantuvieron al margen mientras ocurría la profanación. Los medios también informaron actos de vandalismo contra las iglesias católicas, incluidos graffiti pintados en sus paredes que indicaban «demonios en sotanas» y «golpistas», términos identificados por las organizaciones locales de derechos humanos que el gobierno y sus partidarios utilizan regularmente contra aquellos que perciben como enemigos.

El clero católico dijo que el gobierno les negó el acceso a las cárceles luego del levantamiento prodemocracia de 2018. Antes de abril de 2018, dijo el clero, ingresaban regularmente a las cárceles para celebrar la misa y proporcionar comunión y confesión a los detenidos. Los medios informaron en numerosas ocasiones una gran presencia de oficiales de NNP y vehículos policiales que rodean la Catedral de la Inmaculada Concepción en Managua. Los oficiales intimidaron a los fieles y les negaron el acceso a la catedral, afirmando que la catedral estaba cerrada o cerrando el acceso a las calles cercanas.

Según informes de la prensa y las redes sociales, los líderes de la Iglesia Católica en todo el país continuaron sufriendo hostigamiento por parte de simpatizantes del gobierno, quienes a menudo actuaban en conjunto con la policía. En noviembre, el cardenal Leopoldo Brenes hizo un llamado público para poner fin al hostigamiento del clero y las iglesias. Otros líderes católicos en privado dijeron que sentían miedo e intimidación al celebrar la misa. Los sacerdotes dijeron que a menudo veían a civiles progubernamentales que intentaban intimidarlos en silencio público sobre cuestiones políticas al registrar sus homilías dominicales, una práctica que no ocurrió antes de abril de 2018. Los medios de comunicación, en octubre durante una procesión religiosa católica en Estelí, la policía junto con una parapolicia enmascarada se alinearon en las calles e intimidaron a los participantes con armas de alto calibre. La congregación se refugió dentro de la catedral a puerta cerrada. En un momento, la parapolicia apuntó con un arma a un grupo de seminaristas dentro de las instalaciones de la iglesia, lo que provocó que un seminarista se peleara con la parapolicia en un intento de impedir que la parapolice disparara.

La política del Ministerio de Educación para los planes de estudio de las escuelas públicas siguió exigiendo educación «basada en el cristianismo» a través de clases de educación cívica y la participación de los estudiantes en eventos religiosos patrocinados por el estado. A pesar de estos requisitos, un obispo católico dijo que recibió informes de múltiples localidades de que el gobierno prohibía que las escuelas públicas recibieran servicios religiosos durante las actividades de fin de año escolar, una tradición de larga data tanto en las escuelas públicas como privadas. El Ministerio de Educación no emitió una declaración oficial confirmando o negando la declaración del obispo.


Las fotografías publicadas en las redes sociales que muestran a estudiantes universitarios golpeando piñatas que se asemejan a sacerdotes que cuelgan de sogas se volvieron virales en octubre. Los letreros adheridos a las piñatas decían: «los enemigos del pueblo». Los medios identificaron a los individuos en las fotografías como miembros de los gobiernos de los cuerpos estudiantiles afiliados al ala Sandinista Juventud del FSLN gobernante. En varios re-tweets de las imágenes, las cuentas vinculadas a la Juventud Sandinista alentaron a los seguidores a «ser un patriota, matar a un sacerdote». Grupos de la sociedad civil denunciaron el acoso intensificado del clero a través de cuentas alineadas con el FSLN en las redes sociales durante la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre.

Los líderes protestantes católicos y evangélicos dijeron que el gobierno continuó restringiendo los viajes de forma selectiva para algunos solicitantes de visas con la intención de visitar el país con fines religiosos en función de la afiliación política percibida del patrocinador local del solicitante. Según el clero católico, una regulación de 2016 que instruye a todas las iglesias a solicitar autorización de entrada para sus misioneros o autoridades religiosas continuó en vigencia.

Según los medios, el 31 de octubre, el gobierno cortó el suministro de electricidad a un hogar de asistencia para personas mayores bajo la administración de una parroquia católica en Matagalpa, a pesar de haber pagado todas las facturas de electricidad pendientes. La misma parroquia organizó una campaña de alimentos para presos políticos el 18 de octubre.

En octubre, Despacho 505 , un periódico digital, informó que la represión del gobierno a la Iglesia Católica había «alcanzado los altares». El cardenal Brenes declaró públicamente que, a pesar de que la iglesia cumplió con todos los requisitos administrativos del gobierno, la Oficina General de Aduanas retuvo sin justificación un contenedor de envío que incluía vino especialmente procesado utilizado para la celebración de la Eucaristía durante la misa. En noviembre, después de las declaraciones públicas del cardenal y la intervención del nuncio papal, los funcionarios de aduanas lanzaron el vino sacramental.

Caritas de Nicaragua, la organización de servicio social de la Iglesia Católica, dijo que la oficina de aduanas continuó manteniendo 13 contenedores pertenecientes a Caritas desde abril de 2018 sin ninguna explicación del retraso. Caritas dijo que estos contenedores contenían donaciones de equipos médicos y material educativo y de salud destinados a su trabajo social. Caritas también dijo que desde septiembre de 2018 la oficina de aduanas continuó manteniendo un contenedor separado con Biblias. Los representantes de Caritas dijeron que la organización, acreditada en el país desde 1965, no había recibido desde marzo de 2018 su certificado renovable anual del Ministerio del Interior, que técnicamente le dio permiso para operar en el país. Los representantes de Caritas dijeron que la falta de renovación del certificado impidió que la ONG recibiera exenciones de impuestos, prohibió la importación de sus materiales, y obstaculizó su capacidad de incorporar misiones médicas como parte de sus servicios sociales. Los representantes dijeron que la organización no había tenido problemas administrativos con el gobierno en su historia reciente. Afirmaron que tenían que reducir sus servicios sociales debido al hostigamiento de los partidarios del gobierno en las comunidades donde trabajaban.

En noviembre, un trabajador de una organización benéfica cristiana no católica en la región centro-norte del país denunció acoso policial, vigilancia y entrada ilegal en la casa del trabajador; el trabajador había notado su afiliación previa con partidos políticos de oposición.

Sección III Estado del respeto social por la libertad religiosa


Un ciudadano ruso que en diciembre de 2018 arrojó ácido sulfúrico a un sacerdote de la Catedral de la Inmaculada Concepción en Managua durante la confesión, fue declarado culpable y sentenciado a ocho años de prisión por el Tribunal del Sexto Distrito Penal en mayo. En agosto, los medios informaron que testigos vieron al atacante en un avión que volaba a Panamá. No hubo una declaración oficial que confirmara o negara la liberación del atacante de la prisión.

Sección IV Política y compromiso del gobierno de EE. UU.


En julio, el Vicepresidente destacó a los líderes del gobierno en Nicaragua por su persecución al clero católico, afirmando que el gobierno había apuntado a «los líderes de la Iglesia para defender la democracia y la libertad religiosa». A través de declaraciones públicas y cuentas oficiales de redes sociales, los principales líderes del gobierno de EE. UU. Y la embajada pidieron reiteradamente al gobierno que cese la violencia y los ataques contra la Iglesia Católica y expresaron el apoyo del gobierno de EE. UU. A las comunidades religiosas en su lucha por los derechos humanos, la democracia y la libertad . Los funcionarios de la embajada continuaron planteando preocupaciones sobre las restricciones a la libertad religiosa en el contexto de una represión más amplia con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Embajador y su personal se reunieron regularmente con líderes de la Iglesia Católica, así como con líderes de una diversa selección de grupos evangélicos protestantes, la Iglesia Luterana Morava, la Asociación Islámica de Nicaragua y la comunidad judía. En estas reuniones, los representantes de la embajada discutieron las preocupaciones sobre la politización de la religión, las represalias gubernamentales contra grupos religiosos políticamente activos y las limitaciones a la libertad de religión y el fomento de la diversidad y la tolerancia.

El 18 de diciembre, de conformidad con la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, enmendada, el Secretario de Estado colocó a Nicaragua en la Lista Especial de Vigilancia por haber participado o tolerado violaciones graves de la libertad religiosa.

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